La intendencia de José Corral presentó el 24 de octubre un reclamo formal al gobierno de Miguel Lifschitz por una presunta deuda de 86 millones de pesos generada por la no distribución automática de fondos de la ley nacional de financiamiento educativo. En el escrito, de altísimo voltaje político, se advierte sobre la posibilidad de abrir un juicio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal cual lo hizo la Provincia con la Nación en varios casos.
La presentación, que lleva la firma del fiscal municipal Federico Sedlacek, está referida a la Ley 26.075 de la presidencia de Néstor Kirchner, que entre otros puntos preveía un piso del 6% del PBI para Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y reparto no discrecional de recursos para ese fin a las provincias, que a su vez debían hacer lo propio con municipios y comunas. Paradoja: el eje del reclamo del gobierno de Corral es el ensalzamiento de una bandera kirchnerista, que fue votada en contra por el radicalismo en 2005, en el Congreso de la Nación.
El conflicto surge a partir de dos decretos del ex gobernador Antonio Bonfatti, uno de 2014 y otro de 2015, que dispone la retención de esos fondos hasta tanto se presenten “proyectos”, que luego deberán ser aprobados por una comisión para que el flujo de dinero se destrabe. Es el mismo esquema del Fondo de Obras Menores. Ese trámite le otorga un mayor margen de discrecionalidad a la Provincia, que puede frenar o acelerar la distribución de los recursos de acuerdo a sus diversas necesidades del momento.
Para graficar el reproche, la gestión municipal de la UCR advierte sobre qué ocurriría con la aplicación del mecanismo para el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Soja, que distribuye automáticamente el 30% de lo recaudado en concepto de retenciones a las exportaciones de la oleaginosa. Otra celebración del kirchnerismo.
El planteo de la municipalidad de Santa Fe, al que accedió Diario Santa Fe, se pone en línea con el que hiciera hace dos años, apenas se firmó el primer decreto, el Foro de Intendentes del PJ de la provincia, un agrupamiento de mandatarios locales que se referenciaban en el entonces ministro de Planificación y hoy diputado nacional Julio de Vido. La diferencia es que en aquel entonces, los jefes territoriales hicieron un lamento público, pero aquí se va más allá y se deja sentada la reserva del caso federal y el derecho de acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El reclamo total del gobierno de Corral trepa a los 86 millones de pesos, incluyendo capital e intereses. O sea, un monto superior al del Plan de Bacheo de la capital santafesina, que para ejecutarse requirió de la aprobación de endeudamiento en el Concejo. El impacto puede ser mayor para la Provincia ya que se sienta un precedente para el resto de los municipios y comunas: para ese fin están previstos en el presupuesto 2017 la friolera de $ 963.627.000.
