Santa Fe, 23 de febrero de 2026.
La renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe entra esta semana en su tramo más delicado. El miércoles 25 se realizará la audiencia pública en la Cámara de Diputadas y Diputados y, si el cronograma se mantiene, al día siguiente la Asamblea Legislativa votará los pliegos enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro. No se trata de un trámite más: lo que se juega es la composición del tribunal que marcará el pulso institucional de la provincia durante los próximos años.
El procedimiento responde al esquema incorporado tras la reforma judicial, que exige una instancia de participación ciudadana previa a la decisión legislativa. Hasta el 18 de febrero se recibieron impugnaciones ante la Comisión Bicameral de Acuerdos. Las presentaciones no cuestionan la idoneidad técnica de los postulantes, sino aspectos institucionales del proceso.
El Colegio de Magistrados planteó que, al momento de formalizar los pliegos, existiría solo una vacante efectiva en la Corte y no tres. La Red Mujeres para la Justicia, en tanto, pidió que se respete el principio de paridad de género en la integración del tribunal, dado que la propuesta contempla dos varones y una mujer. Ambas observaciones ingresan ahora en la discusión política que precede a la votación.
La audiencia pública no incluirá exposiciones de los candidatos, aunque podrán presenciarla. Las entrevistas personales posteriores permitirán responder inquietudes surgidas en la etapa de participación ciudadana. El nivel de inscriptos para intervenir fue menor al esperado, un dato que contrasta con la magnitud institucional del proceso.
Los nombres propuestos por el Ejecutivo son el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde, la jueza de Faltas de Rosario Jorgelina Genghini y el secretario administrativo de la Cámara de Senadores Diego Maciel. Sus pliegos fueron enviados durante el período de sesiones extraordinarias, pero el tratamiento quedó pendiente por falta de acuerdos. Esta semana la Legislatura deberá definir si esos consensos finalmente aparecen.
La discusión excede a los candidatos. Desde el inicio de la gestión actual, la Corte atravesó una secuencia de renuncias y retiros que abrió un proceso de recambio profundo. Mario Netri dejó su cargo en 2024; María Angélica Gastaldi en 2025; Eduardo Spuler formalizó su salida para 2026. Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez anunciaron también sus retiros, todos por encima del límite etario constitucional.
Si los pliegos en tratamiento son aprobados, hacia 2027 la Corte quedaría integrada por seis ministros propuestos durante la actual gestión —Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder, Aldo Alurralde, Jorgelina Genghini y Diego Maciel— con la excepción de Daniel Erbetta, único integrante no alcanzado por el recambio generacional.
Esa eventual configuración consolidaría una transformación histórica: en un mismo mandato se habría renovado casi por completo el máximo tribunal provincial. Para el gobernador Pullaro, la definición constituye uno de los ejes estratégicos de su administración. La Corte no solo interpreta normas; fija doctrina, define criterios de control constitucional y condiciona la arquitectura de poder en la provincia.
La oposición observa el proceso con atención. El debate sobre la cantidad de vacantes efectivas y la paridad de género introduce un componente político que puede alterar el clima previo a la Asamblea. Aunque el oficialismo cuenta con una base legislativa sólida, la votación requiere mayorías que obligan a negociar.
En el plano institucional, el momento es singular. La Corte atraviesa un recambio que no se explica únicamente por jubilaciones o límites etarios. Se trata de un rediseño de equilibrio interno que impactará en temas sensibles: autonomía municipal, política tributaria, conflictos laborales estatales y la implementación de reformas estructurales en curso.
La audiencia del miércoles funcionará como termómetro. Más allá de las intervenciones formales, el tono del debate marcará si la renovación se percibe como una transición ordenada o como un punto de tensión entre poderes.
El jueves, en la Asamblea Legislativa, la decisión quedará en manos de senadores y diputados. Allí se sabrá si la provincia avanza hacia una Corte con mayoría designada en el actual ciclo político o si el proceso se demora y reabre la negociación.
La integración del máximo tribunal nunca es un episodio aislado. Define reglas de interpretación para años, condiciona reformas futuras y fija el marco de resolución de conflictos públicos y privados. Esta semana, en la Legislatura santafesina, se pondrá en juego algo más que tres nombres: se decidirá la arquitectura jurídica que acompañará el tramo final del mandato actual y el inicio del siguiente.
