Ante un auditorio colmado en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, la senadora nacional Carolina Losada (UCR-Santa Fe) presentó los alcances de una iniciativa que endurece las sanciones por denuncias falsas. Acompañada por su par riojano Juan Pagotto (LLA) y por Andrea Guacci, referente del Frente de Mujeres contra las Falsas Denuncias, la legisladora defendió la propuesta como “una causa noble para proteger la verdad”.
El proyecto eleva de dos meses a un máximo de seis años la pena actualmente prevista, con dos escalas: de uno a tres años en la mayoría de los casos y de tres a seis cuando se involucren menores o supuestos hechos de violencia de género. Para que se configure el delito, explicaron, deberá probarse “dolo directo”, es decir, la intención deliberada de mentir y perjudicar.
Losada recordó que comenzó a trabajar en 2022, tras recibir el testimonio de Guacci, y que la redacción requirió un largo intercambio con penalistas. “La mentira no tiene género”, sostuvo, al responder críticas de sectores feministas que temen un efecto inhibidor sobre las víctimas reales de violencia. La senadora enfatizó que la norma solo se aplicará cuando la justicia determine que la acusación fue infundada y maliciosa.
Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, confirmó que el dictamen ya está listo para ser tratado por el pleno del Senado en la próxima sesión. El proyecto cuenta con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de parte del bloque oficialista, aunque enfrenta resistencias en el kirchnerismo y en un sector del radicalismo.
Durante la jornada, Ramón Dupuy recordó que su nieto Lucio fue objeto de siete denuncias falsas antes de su muerte en La Pampa, mientras que otras víctimas relataron la estigmatización social y los daños emocionales provocados por procesos infundados. “No estamos contra las mujeres ni contra los hombres”, concluyó Losada, “sino contra la mentira que arruina vidas y congestiona los tribunales”.
Si la Cámara alta aprueba la iniciativa, la Argentina se sumará al reducido grupo de países latinoamericanos que penalizan con mayor severidad las acusaciones dolosas, un giro que promete reconfigurar el delicado equilibrio entre la protección de la presunción de inocencia y la urgencia de atender la violencia de género.
