La autonomía municipal volvió al centro del escenario político rosarino en un momento de transición institucional que condiciona cada movimiento. La voluntad del oficialismo de llevar la ordenanza al recinto este jueves abrió una discusión que desborda lo técnico y se vuelve, en los hechos, una negociación sobre tiempos, mayorías y escenarios futuros. El encuentro de este miércoles en la comisión de Gobierno será determinante: allí se ordenarán las objeciones y se medirá hasta dónde llega la disposición real a consensuar un proyecto que el Concejo discute desde principios de octubre.
El debate tiene un componente estructural y otro estrictamente político. Por un lado, la autonomía implica reordenar áreas sensibles —economía, contrataciones, empleo municipal, ambiente, arbolado, baldíos, transformación digital— que requieren criterios nuevos y definición de competencias. Por otro, el Concejo está a menos de un mes de modificar su composición, un dato que nadie desconoce: Unidos mantiene hoy una mayoría que perderá a partir del 10 de diciembre. Ese reloj altera prioridades y ritmos, y explica por qué el oficialismo busca votar cuanto antes.
La investigación realizada para esta nota muestra un dato poco dicho públicamente: distintos bloques coinciden en que el contenido del proyecto no es el principal obstáculo. En materia administrativa, presupuestaria y de contrataciones, los borradores acercaron posiciones en las últimas tres reuniones. La tensión real pasa por el modo en que la autonomía se implementará y, sobre todo, por la preocupación de sectores opositores ante la posibilidad de que el Ejecutivo adquiera facultades de aplicación inmediata mientras se prepara el proceso estatuyente para 2027.
Los documentos internos analizados indican que el texto impulsado por el intendente Pablo Javkin reúne 115 artículos y estructura un paquete amplio que busca ordenar competencias ni bien la ordenanza sea aprobada. Para la oposición, esa amplitud “excede” el marco inicial; para Unidos, es la base mínima necesaria para que la autonomía no quede en una declaración simbólica. El desacuerdo no es sobre el objetivo, sino sobre la velocidad y el alcance del primer tramo.
Las audiencias realizadas hasta ahora permiten identificar un segundo punto de fricción: la convivencia entre pluralidad sindical y reorganización del empleo municipal. Mientras los gremios piden sostener mecanismos de representación histórica, el oficialismo pretende aggiornar algunos procesos internos para alinearlos con el nuevo esquema institucional. Ese cruce, que parecía marginal en un inicio, se volvió uno de los temas a resolver de cara a la reunión de este miércoles.
El tercer eje, según reconstruyeron asesores legislativos consultados, es la convocatoria a la convención estatuyente. Aunque no hay rechazo al llamado previsto para 2027, persisten dudas sobre los criterios de representación y los plazos para la redacción de la carta orgánica. Para algunos bloques, ese diseño debería surgir de una negociación más amplia y no quedar atado al trámite de esta semana.
Aun con esas diferencias, no hay bloques abiertamente en contra del proceso. La lectura interna es que la autonomía representa un punto de inflexión para Rosario y que ningún espacio quiere quedar aislado en una decisión de esa magnitud. Lo que se negocia ahora no es tanto el contenido final, sino el camino hacia la votación. De ese equilibrio dependerá si la norma llega al recinto este jueves o si la discusión se estira, como anticipa el peronismo, hasta la próxima semana.
En un Concejo que se prepara para cambiar su correlación de fuerzas, las próximas 48 horas concentrarán un volumen inusual de conversaciones y ajustes. El oficialismo apuesta a sostener su mayoría mientras aún la tiene; la oposición busca que la autonomía avance con garantías de consenso real. Lo que ocurra este miércoles será la escena donde ambos objetivos se pondrán a prueba, con una definición que podría marcar la agenda legislativa del cierre del año y los primeros pasos del período que comienza en diciembre.
