La escena parece insólita, pero es real: carteles oficiales advierten que determinadas rutas nacionales están en estado catastrófico. No es una campaña de reclamo ciudadano. Es una señalización implementada por el propio Gobierno de Santa Fe.
Y detrás del gesto hay una disputa: ¿quién es responsable de una ruta cuando su deterioro cuesta vidas?
En los accesos a las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial —especialmente la 33 y la 178— comenzaron a colocarse señales visibles que informan a los conductores sobre el mal estado de esas trazas y aclaran que la jurisdicción corresponde al Gobierno nacional. En paralelo, desde la administración santafesina se recomienda circular por las rutas provinciales, que sí han sido intervenidas y mantenidas.
El gobernador Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) no evitó la confrontación: “Intervenimos la gran mayoría de nuestras rutas provinciales, que incluso suman más kilómetros que las nacionales dentro de Santa Fe. Pero las rutas federales están abandonadas y eso provoca siniestros fatales todas las semanas”.
El gobierno provincial invirtió cerca de 400 millones de dólares en su red vial. En contraste, las obras licitadas por Nación fueron suspendidas o directamente dadas de baja, como ocurrió con los tramos de la Ruta Nacional 33, un corredor clave para el sur santafesino. El ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico (@lisandroenrico) llegó a recomendar evitarla directamente, sugiriendo en su lugar la Ruta Provincial 90.
El reclamo no es nuevo. Pullaro ya había solicitado al ministro de Economía Luis Caputo (@luiscaputoar) la cesión de la red nacional dentro del territorio santafesino, para que la provincia asuma el mantenimiento. Pero el pedido no obtuvo respuesta.
La señalización en los caminos tiene dos objetivos claros:
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Evitar tragedias mediante la advertencia anticipada.
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Marcar la responsabilidad política y administrativa sobre cada kilómetro en mal estado.
El trasfondo es más profundo: Santa Fe es el segundo exportador del país y por sus rutas circulan 2,2 millones de camiones al año. Pullaro advierte que mientras el Estado nacional se queda con los beneficios fiscales de esas exportaciones, “no invierte en las rutas que esos camiones destruyen”.
Con esta nueva etapa de señalización, el conflicto vial entre la Nación y la Provincia deja de ser una disputa de escritorio. Empieza a escribirse en el asfalto.
