Rosario, 5 de septiembre de 2025. Una “identificación de rutina” en el barrio Pichincha se transformó en una secuencia de violencia y extorsión que terminó con dos suboficiales del Comando Radioeléctrico en prisión preventiva. Según la imputación fiscal, los agentes detuvieron a un joven de 32 años, lo golpearon, lo privaron de su libertad y lo obligaron a entregar 28 mil dólares bajo amenazas de muerte.
La audiencia estuvo a cargo del juez Hernán Postma, quien ordenó 60 días de prisión preventiva para los acusados, además de una pericia psiquiátrica por las dudas planteadas sobre su salud mental. Los imputados —un hombre de 32 años oriundo de Rosario y una mujer de 23 de Reconquista— no declararon y sus defensas insistieron en la necesidad de estudios médicos.
La reconstrucción del fiscal José Luis Caterina señala que la noche del 28 de agosto la víctima fue interceptada cerca del cruce ferroviario de la línea Mitre. Lo que comenzó como un pedido de DNI derivó en golpes de puño, llaves de estrangulamiento e insultos, hasta dejarlo al borde del desmayo. Luego fue esposado, trasladado en un patrullero y llevado a su domicilio, donde entregó el dinero por miedo a ser asesinado.
La intervención de Asuntos Internos permitió detener a los policías cuando aún estaban de servicio. Un examen médico corroboró las lesiones, reforzando la acusación de apremios ilegales, amenazas, robo y privación ilegítima de la libertad.
El caso pone bajo la lupa la capacidad de control sobre el Comando Radioeléctrico y la preparación de sus integrantes para enfrentar situaciones rutinarias sin derivar en abusos. La decisión judicial de ordenar un examen psiquiátrico refleja una preocupación adicional: la aptitud psicológica de quienes portan armas y ejercen autoridad en la calle.
Más allá de la condena que eventualmente se dicte, el episodio deja planteada una pregunta central para Rosario y la provincia: qué garantías ofrece el Estado para que una identificación no se convierta en una pesadilla y hasta en un robo cometido por quienes deben proteger a la ciudadanía.
