SANTA FE — En medio del debate nacional por la Ley de Financiamiento Universitario, la diputada provincial Gisel Mahmud presentó un proyecto para que la provincia de Santa Fe adhiera de manera formal a la norma impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la FUA y los gremios del sector. La ley, acompañada por más de un millón de firmas, debía ser tratada esta semana en el Congreso, pero su discusión fue pospuesta.
Mientras tanto, el gesto político de la legisladora socialista instala una posición clara desde la provincia: respaldar la universidad pública como prioridad de Estado y exigir a sus representantes nacionales que hagan lo mismo.
Universidades en jaque
Desde que comenzó 2024, la Universidad Nacional del Litoral perdió 151 docentes, entre profesores y auxiliares. El dato, ofrecido por Mahmud al presentar su proyecto, condensa en cifras el deterioro de las condiciones institucionales que atraviesan las casas de estudio. El motivo principal: la falta de actualización presupuestaria que limita no solo la continuidad del dictado de clases, sino también la capacidad de sostener investigaciones, programas de extensión y servicios esenciales.
En Santa Fe funcionan cuatro universidades nacionales públicas: la UNL en Santa Fe capital, la UNR en Rosario, la UNRaf en Rafaela y la UTN con varias sedes regionales. Juntas, representan no solo la posibilidad de estudiar para miles de jóvenes, sino también una red de producción de conocimiento y desarrollo territorial de impacto directo en la economía provincial.
“No se trata de incrementar el gasto público, sino de restablecer prioridades”, sostuvo Mahmud, quien preside la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados. En su discurso, la diputada destacó que los países más desarrollados del mundo quintuplican la inversión que realiza hoy la Argentina en educación superior y ciencia. “Una nación inteligente apuesta al conocimiento”, remarcó.
El pedido: representación y responsabilidad
El proyecto también contiene una exhortación directa: que los legisladores nacionales por Santa Fe acompañen activamente la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. “Tienen una enorme responsabilidad: ponerse del lado de miles de santafesinos y santafesinas que proyectan su futuro gracias a nuestras universidades”, señaló Mahmud.
La iniciativa no se limita a un reclamo institucional. Busca alinear el compromiso político con el esfuerzo cotidiano de quienes —desde las aulas, los laboratorios y la gestión universitaria— intentan sostener en pie el sistema público de educación superior.
Una señal de respaldo en medio de la incertidumbre
En un contexto nacional marcado por recortes, desfinanciamiento y señales contradictorias hacia el sistema universitario, el proyecto presentado en la legislatura santafesina funciona como gesto y como advertencia. La universidad pública, más que una estructura, es una promesa de futuro. Y como tal, necesita más que discursos. Necesita presupuesto, decisión política y un pacto federal de largo plazo.
Santa Fe, al menos en esta señal, empieza a decirlo con claridad.
