El miércoles la Legislatura tratará la destitución de dos funcionarios judiciales.

La comisión legislativa deberá analizar los casos para determinar si corresponde aplicar el Reglamento para la Remoción de Funcionarios previsto en las leyes Nº 13.013 (Ministerio Público de la Acusación-MPA) y 13.014 (Servicio Público de Defensa Penal). Este último, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 19 de mayo.

La acusación contra el fiscal regional de Reconquista García, fue presentada por el senador Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio) quien a su vez recibió una denuncia de dos abogados del norte provincial. En adhesión, se suma otra denuncia de Gramajo contra García: El 30 de junio, el legislador, hizo públicas –en la asamblea legislativa que ungió a Raúl Lamberto como defensor del pueblo– lassupuestas agresiones y amenazas que había sufrido ese día de parte del magistrado de Reconquista.

Hasta este miércoles, se definirá si las denuncias irán unificadas o llegarán al recinto por carriles separados. “El derecho penal es en concurso real y en concurso ideal. Acá, como hay una conectividad entre las causas, seguramente se va a hacer una conexión entre un expediente y el otro”, indicaron fuentes de la Legislatura.

Por su parte, Ganón estaría enfrentando el tercer intento de remoción de su puesto. Esta vez fue denunciado por el senador Lisandro Enrico (UCR-General López). El legislador radical enumeró nueve supuestas causales para pedir la destitución del defensor general de la provincia. Así, menciona la “actuación indebida e ilegítima en diversas causas penales; parcialidad política incompatible con el cargo; privación del derecho de defensa a los agentes policiales;manifestaciones públicas indecorosas, agraviantes e impropias de su cargo; impartir instrucciones violatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal“.

En el mismo sentido, Enrico también acusa a Ganón de realizar un “intervención procesal indebida siendo defensor general; actuación procesal indebida en una causa de Justicia de Menores; designación irregular del abogado Enrique Font; uso del tiempo de la jornada de trabajo para fines ajenos a su función“.

 

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