El miércoles por la noche, Angel M., de 17 años, logró evadirse del Centro Especializado en Responsabilidad Penal Juvenil —conocido como ex-Irar— en Rosario. Su fuga no solo reaviva las alarmas sobre el deterioro del sistema de justicia juvenil, sino que pone en evidencia una trama más inquietante: la cooptación sistemática de adolescentes por parte de bandas criminales, que los convierten en ejecutores de ataques armados a cambio de pagos mínimos y protección marginal.
Angel M. no era un detenido más. Estaba acusado de haber disparado contra un colectivo de la línea 146 en barrio Tablada, hecho ocurrido en septiembre del año pasado. Según la investigación, habría recibido 50 mil pesos por ese ataque, ordenado presuntamente por la banda liderada por René Ungaro, condenado por múltiples delitos, entre ellos el asesinato del «Pimpi» Caminos.
La ausencia del joven fue detectada durante el recuento nocturno. Hasta el momento, no se ha brindado una versión oficial de cómo logró escapar de una institución diseñada —en teoría— para alojar a los menores con causas penales más graves. La investigación quedó en manos de la fiscal Luciana Vallarella.
El prontuario de Angel M. es tan extenso como preocupante. Su nombre aparece vinculado no solo a la balacera contra el colectivo, sino también a un doble homicidio ocurrido en enero en Spiro al 300 bis, donde fueron asesinados Juan Ramón Flores y su pareja Ana Martínez. Además, fue mencionado en la causa por el crimen de Marcos Jeremías “Chaparrito” Maldonado, de 17 años, asesinado al día siguiente a pocas cuadras de distancia.
Detenido formalmente recién en septiembre, cuando ya tenía 17 años, Angel M. había sido previamente investigado por delitos graves cuando aún no era punible. La cronología de su implicación en hechos de extrema violencia pone en cuestión la efectividad de los dispositivos de contención y rehabilitación para adolescentes vinculados al narcotráfico.
La banda de Ungaro, como otras estructuras criminales en Rosario, opera cada vez más con menores de edad, aprovechando la laxitud del sistema y la falta de respuestas estatales. La utilización de jóvenes como sicarios no es solo una estrategia funcional al narco: es también un síntoma de la fragmentación social en la que el delito encuentra reclutas con facilidad.
La fuga de Angel M. no es solo un episodio aislado. Es, en sí misma, una advertencia: el Estado sigue llegando tarde, incluso cuando sabe dónde debe estar.
