La tranquilidad que suele asociarse a los barrios cerrados volvió a quedar en entredicho. Este domingo por la tarde, un hombre armado ingresó a una vivienda del barrio Logaritmo, redujo al propietario y su familia, y huyó con dinero en efectivo y el vehículo particular, un Volvo XC60 que apareció abandonado pocas cuadras después. El ladrón llegó a efectuar un disparo, que no salió, según reconstruyeron fuentes policiales.
El ingreso habría ocurrido por el ventiluz del baño, una modalidad que expone puntos débiles en construcciones pensadas para ofrecer mayor protección física. Ya dentro, el delincuente obligó a la víctima a entregarle el dinero disponible —más de siete mil dólares— y, antes de escapar, retiró el DVR donde se almacenaban las imágenes de las cámaras del inmueble.
Más allá del botín, la secuencia dejó otra señal inquietante: la capacidad del atacante para operar solo, en un horario diurno y en un entorno donde el movimiento suele ser limitado. Los investigadores del Ministerio Público de la Acusación ordenaron pericias y una serie de medidas para avanzar con la identificación del responsable, aunque por ahora no se difundieron indicios firmes.
El episodio se inscribe en un contexto más amplio. La discusión sobre cómo se protege a los vecinos de urbanizaciones cerradas vuelve a escena cada vez que un hecho de estas características logra sortear barreras físicas y sistemas de vigilancia. La trama de la inseguridad en el Gran Rosario —con delitos cada vez más audaces y dinámicos— desdibuja la idea de que estos espacios funcionan como zonas impermeables.
El caso de Logaritmo no solo deja una investigación abierta; también obliga a repensar hasta qué punto la respuesta estatal y los mecanismos privados de control se adaptan a una criminalidad que viene ampliando su alcance y sus métodos. La sensación de seguridad, en estos enclaves, ya no aparece garantizada por el perímetro.
