FESTRAM acepta la oferta salarial: tregua en el conflicto entre municipales y gobiernos locales en Santa Fe

Tras semanas de tensión, paros y negociaciones, el conflicto salarial entre los sindicatos municipales de Santa Fe y los gobiernos locales parece haber encontrado un punto de equilibrio. El Plenario de Secretarios Generales de FESTRAM —la federación que agrupa a los gremios municipales de la provincia— aceptó este jueves la propuesta salarial elevada por los representantes de intendentes y presidentes comunales.

El acuerdo alcanzado abarca los meses de abril, mayo y junio, e incluye un incremento del 8% sobre los haberes de abril, junto con una garantía salarial de $75.000 mensuales para ese trimestre. Además, se pactó el pago por única vez del 4,5% correspondiente a la diferencia entre la inflación del primer trimestre y lo ya percibido por los trabajadores.

El entendimiento llega luego de una etapa marcada por medidas de fuerza de 24 y 48 horas que se desarrollaron durante mayo, en un contexto inflacionario que puso presión sobre los ingresos de los trabajadores comunales. Uno de los puntos clave de la resolución es que no se aplicarán descuentos salariales por los días de huelga, una señal de distensión entre las partes.

Desde FESTRAM destacaron que la decisión fue tomada por el conjunto de los gremios con mandato de sus bases, y confirmaron que el próximo martes se firmará el acta correspondiente en la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas, donde se espera dar formalidad al acuerdo.

El escenario, sin embargo, continúa siendo volátil. Aunque este pacto representa una tregua temporal, no resuelve el debate de fondo sobre la actualización salarial en un país donde la inflación mensual supera con frecuencia los dos dígitos. Tampoco despeja el malestar acumulado entre trabajadores de municipios más pequeños, donde los ingresos mínimos aún quedan por debajo de la línea de pobreza.

El acuerdo con FESTRAM, no obstante, ofrece algo que hoy escasea en la política argentina: previsibilidad, al menos por tres meses. En una provincia donde el equilibrio entre las finanzas locales y el salario digno es cada vez más difícil de sostener, la negociación colectiva vuelve a demostrar su valor como herramienta democrática de resolución de conflictos.

 

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