En Santa Fe, una moto desaparece cada seis horas. No se trata de un dato aislado, ni de un pico circunstancial. Es una cifra que se repite mes a mes, y que se asienta en la rutina urbana como una forma estable de delito. Según estimaciones del Ministerio Público de la Acusación, los robos judicializados superan los 60 casos mensuales. Pero los hechos reales, dice el fiscal Ignacio Lascurain, rondan con facilidad el centenar.
La mayoría ocurre a plena luz del día, en barrios transitados, frente a cámaras que no siempre funcionan y en una ciudad donde cada víctima parece ya saber lo que le espera: no hay denuncia que alcance, ni sistema que persiga lo que se desvanece en minutos.
El fenómeno, sin embargo, excede las motos. El robo se convierte apenas en el primer paso de una cadena silenciosa que revela las zonas grises de un mercado paralelo —uno que se expande sin regulación, sin trazabilidad y sin límites geográficos.
Tres rutas y ningún freno
La lógica se repite con precisión: una moto se levanta en la vía pública —forzada, empujada o directamente encendida con técnicas de desbloqueo— y en menos de una hora puede estar desguazada en un taller informal, publicada en redes sociales o ya rodando en alguna localidad del interior.
El 13 de julio, en una entrevista con el programa Santa Fe Policiales por @cyddigital, el fiscal Lascurain trazó el mapa de ese sistema: autopartes que se venden sin número de serie, bandas que ofrecen el vehículo robado a sus propios dueños a cambio de dinero, y traslados hacia pueblos donde la baja densidad de vigilancia transforma la impunidad en norma.
“Hemos llegado a encontrar motos totalmente desguazadas a una hora del robo. Todo se vende. No hay autopartes preferidas: se aprovecha cada tornillo”, explicó.
En ese circuito, las plataformas digitales juegan un papel determinante. WhatsApp, Instagram y Facebook Marketplace se convierten en vidrieras del delito: ofrecen desde faros hasta motores, sin que medie control alguno. El comprador, muchas veces sin saberlo, completa la operación final de un robo ya consolidado.
Un sistema que no investiga, contiene
En el último mes, la Fiscalía coordinó dos allanamientos simultáneos en los barrios Siete Jefes y Ciudadela. En ambos casos, se hallaron partes sin numeración visible. En ninguno, se logró conectar a los responsables con una red más amplia.
“No hay vínculos directos entre ambos hechos, pero sí patrones idénticos: piezas imposibles de rastrear, armas, y motos que ya habían desaparecido del registro oficial”, detalló Lascurain. La fiscalía actúa, pero lo hace “caso por caso”, admitió. Y ese es justamente el límite del sistema.
La impunidad no se construye sólo por falta de presencia estatal. También se sostiene en la arquitectura legal que no permite vincular causas, en la escasez de herramientas tecnológicas para rastrear autopartes, y en la falta de políticas públicas que aborden la cuestión como lo que es: una forma económica del delito.
En la ciudad donde fue asesinado Lucio Belfiori en 2022 tras resistirse al robo de su moto, el dolor aún sobrevuela. Aunque su caso no se conecta directamente con los últimos hallazgos, su nombre reaparece cada vez que el sistema vuelve a fallar.
Una agenda pendiente
La pregunta no es por qué hay tantos robos de motos en Santa Fe. La pregunta, en todo caso, es por qué ese circuito se mantiene sin alteraciones, mientras las cifras se repiten como si fueran parte del paisaje urbano.
No se trata de instalar cámaras, endurecer penas o sumar más patrulleros. El desafío es otro: desarmar la economía ilegal que gira en torno al vehículo más usado por trabajadores, estudiantes y repartidores de la ciudad. Una economía que se sostiene no solo por el robo, sino por la demanda que nadie se atreve a enfrentar.
Como advirtió Lascurain, “siempre que tengamos evidencia, actuamos”. Pero en esta trama, lo que falta no es evidencia. Es decisión política para mirar más allá del hecho puntual y asumir que el delito —cuando se hace costumbre— ya no es un problema de seguridad. Es un problema de modelo de ciudad.
