Durante los primeros seis meses de 2025, el número de búnkers clausurados por narcomenudeo en villas de emergencia porteñas se duplicó respecto al mismo período del año anterior. La cifra forma parte de un informe reservado al que accedió Noticias Argentinas, y que también consigna una suba del 42% en la cantidad de allanamientos y un crecimiento del 40% en las detenciones.
Los datos fueron confirmados por la Superintendencia de Pacificación de Barrios de la Policía de la Ciudad, una división poco visible del esquema de seguridad porteño, que opera en territorios sin presencia de fuerzas federales. Entre enero y junio, realizaron 1.672 operativos —572 más que en 2024— y confiscaron 26,5 kilos de cocaína, marihuana y pasta base. En igual lapso del año anterior, el volumen decomisado había sido de 12,5 kilos.
También se registró un salto significativo en el cierre de espacios de venta: 13 puntos clausurados en 2025 contra 6 en 2024, lo que representa un incremento del 117%.
La fuerza barrial que reemplaza al Estado
La «Policía Barrial» porteña está compuesta por 1.500 agentes, desplegados exclusivamente en barrios populares. Su misión no se limita al combate del narcomenudeo: asisten en incendios, emergencias médicas, casos de violencia de género, e incluso en el mantenimiento de espacios comunes como veredas o patios comunitarios.
La expansión de sus funciones —que por momentos se solapan con áreas de salud, género o desarrollo social— plantea preguntas sobre los límites del rol policial en contextos de alta vulnerabilidad.
En ese marco, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, declaró: “El narcomenudeo es el último eslabón que corrompe a una sociedad que trabaja y quiere vivir en paz”. La frase acompaña un discurso que refuerza el paradigma de control territorial como herramienta de pacificación.
Entre números y silencios
La estadística de operativos, detenidos y decomisos ofrece una lectura favorable para la política de seguridad del gobierno de la Ciudad. Sin embargo, el impacto estructural de estas acciones sobre la trama del narcotráfico sigue sin ser evaluado con rigor público.
A la vez, el crecimiento de la Policía Barrial como actor multiservicio en las villas revela una tensión cada vez más nítida: la del reemplazo progresivo de políticas sociales por intervenciones policiales.
La seguridad, en este modelo, no es un derecho garantizado por el Estado, sino una promesa custodiada por uniformados.
