En 10 segundos:
Qué pasó: procesaron a Carlos Vaudagna y a otros tres acusados por direccionar la contratación del edificio donde funciona ARCA en Santa Fe
Qué cambia desde hoy: la investigación dejó de estar en etapa preliminar y pasó a una imputación judicial con medidas patrimoniales y restricciones
A quién le pega: a exfuncionarios del organismo, al fideicomiso beneficiado y al sistema de control sobre contrataciones públicas
Qué mirar ahora: si la causa escala hacia nuevas responsabilidades penales y administrativas por el esquema de alquileres sostenido durante casi una década
Santa Fe, 20 de marzo de 2026.
La novedad no es solo el procesamiento. Es lo que la resolución judicial termina de ordenar: una hipótesis de corrupción estable, prolongada y con lógica administrativa propia.
El juez federal Aldo Alurralde procesó sin prisión preventiva al exdirector regional de la ex AFIP, hoy ARCA, Carlos Andrés Vaudagna; a Diego Raúl Cignetti; a Carlos Ernesto Barrale; y al representante del Fideicomiso La Plaza, Carlos Miguel Bsereni. Según la acusación, intervinieron para direccionar la contratación del inmueble de calle Salta al 2700 donde funcionan las oficinas del organismo en la capital santafesina.
La causa sostiene que la maniobra arrancó con la licitación pública 5/2010. Allí, de acuerdo con los fiscales, se introdujeron condiciones arbitrarias y se alteraron requisitos técnicos para favorecer al fideicomiso ganador. El trámite derivó en la adjudicación formal en 2012 y en la firma del contrato de alquiler en abril de 2013 por $7.128.000.
El punto más delicado es que la operatoria no habría terminado con ese contrato. Tras el fracaso de una nueva licitación en 2016, el vínculo se mantuvo mediante la figura excepcional del “legítimo abono”, utilizada de forma sistemática desde marzo de ese año hasta la actualidad. Para la fiscalía, ese mecanismo dejó de ser una salida excepcional y pasó a funcionar como cobertura administrativa para sostener pagos millonarios.
Ahí aparece la dimensión económica del caso. La pesquisa calculó un perjuicio patrimonial de más de $544,2 millones, asociado a pagos que superaron valores de mercado e índices de actualización razonables. En otras palabras, la Justicia ya no mira solo una licitación sospechada: mira un esquema que habría permitido transformar una contratación pública en una renta privada sostenida.
Los chats incorporados al expediente son una de las piezas más comprometedoras. El Ministerio Público Fiscal y los medios que siguieron la resolución detallaron mensajes entre Cignetti y Vaudagna en los que se hablaba de “sobres”, de “llevar algo” y de pasar a buscarlo, elementos que el juez valoró como indicios de cobro de retornos por las gestiones para sostener el negocio.
La resolución además dispuso embargos por $20 millones sobre cada imputado, mantuvo la prohibición de salida del país y ordenó informar a la SIGEN y a las actuales autoridades del organismo. Ese movimiento corre la discusión de la esfera penal pura y la lleva también al terreno institucional: cómo un contrato cuestionado pudo seguir vivo durante años sin que los controles internos lo frenaran.
El procesamiento suma otra capa sobre la figura de Vaudagna, que ya estaba bajo investigación en expedientes ligados a corrupción institucional junto al exjuez Marcelo Bailaque. En ese contexto, esta causa deja de ser un episodio administrativo aislado. Empieza a dibujar un patrón: uso del cargo, captura de procedimientos y aprovechamiento privado de resortes estatales.
