En 10 segundos:
Qué pasó: Santa Fe vuelve a anunciar gestiones por 1.509 viviendas inconclusas del Procrear
Qué cambia desde hoy: el acuerdo de deudas abre otra instancia de negociación con Nación
A quién le pega: a miles de familias excluidas del crédito hipotecario
Qué mirar ahora: transferencias, presupuesto, contratos y fechas de reinicio
Santa Fe, 28 de julio de 2026. Las estructuras llevan treinta meses a la intemperie. Durante ese tiempo se deterioraron materiales, aumentó el costo de terminación y miles de familias continuaron pagando alquiler. En ninguna de las 1.509 viviendas inconclusas del Procrear volvió a comenzar la construcción.
El Gobierno nacional produjo la parálisis. Suspendió el financiamiento desde diciembre de 2023, disolvió el fondo fiduciario en noviembre de 2024 y avanzó con su liquidación operativa en junio de 2025. La decisión convirtió proyectos habitacionales en activos abandonados, atrapados entre deudas contractuales, trámites dominiales y disputas entre jurisdicciones.
El saldo provincial alcanza una dimensión todavía mayor. A las 1.509 unidades del Procrear se agregan 875 de Casa Propia y alrededor de 400 correspondientes a convenios nacionales con municipios. El detalle informado por el secretario de Vivienda, Lucas Crivelli, arroja cerca de 2.800 viviendas detenidas.
La administración de Maximiliano Pullaro conocía el problema desde el comienzo de su mandato. Reclamó los predios, propuso adquirir la participación nacional en Tiro Federal y llevó el tema a las negociaciones por las deudas entre Santa Fe y la Casa Rosada. Ese recorrido administrativo produjo hasta hoy un resultado material igual a cero dentro del Procrear: ningún traspaso definitivo, ningún contrato reactivado y ninguna vivienda terminada.
La responsabilidad jurídica sigue concentrada en Nación porque conserva terrenos, contratos y obligaciones con las empresas constructoras. Esa limitación existió durante todo el período. La responsabilidad política provincial aparece en la duración de una estrategia que acumuló reuniones y pedidos sin asegurar una salida concreta.
El acuerdo de compensación de deudas firmado entre ambas jurisdicciones abre ahora otra posibilidad. El propio Crivelli admite que la transferencia todavía depende de resolver reclamos empresarios y definir qué ocurrirá con cada predio. Tampoco existe un presupuesto provincial confirmado para finalizar las obras.
La promesa llega, por lo tanto, sin fecha de traspaso, esquema financiero, cronograma por complejo ni condiciones de adjudicación. La participación privada aparece mencionada como alternativa, aunque todavía se desconoce qué rentabilidad exigirá, cuánto deberá aportar el Estado y qué familias podrán acceder a los futuros créditos.
El abandono tiene direcciones precisas. Rosario concentra 580 unidades en Tiro Federal, con aproximadamente 39% de avance. En la ciudad de Santa Fe permanecen detenidas 198 viviendas en Parque Federal y otras 192 en barrio Transporte. También existen proyectos inconclusos o sin adjudicar en Pérez, Rafaela, Gálvez y Las Parejas.
En noviembre de 2025, la Provincia calculaba que completar los desarrollos demandaría alrededor de $145.000 millones. También estimaba pérdidas de entre 10% y 15% por humedad, exposición y vandalismo. Ocho meses después, el Gobierno vuelve a hablar de reactivación sin presentar una actualización pública de ese costo.
El caso de Las Parejas resume el desperdicio estatal: las viviendas llevan alrededor de dos años terminadas y vacías. Allí el problema dejó de ser constructivo. La falta de regularización y adjudicación mantiene casas habitables alejadas de las familias que las necesitan.
El Procrear acumuló fallas vinculadas con el acceso al suelo, la inflación, la localización de algunos proyectos y la sostenibilidad de sus créditos. También permitió que sectores medios excluidos de la banca tradicional accedieran a su primera vivienda, movilizó empleo y articuló inversión pública con construcción privada. Estudios académicos lo definieron como una política de gran escala con capacidad para generar vivienda y actividad económica. La investigación publicada por la UNLP analiza esos resultados y limitaciones.
La Nación respondió a esas deficiencias eliminando la herramienta y dejando obras abiertas. Santa Fe administró la emergencia habitacional durante treinta meses sin conseguir una solución para este conjunto específico de viviendas. El inventario provincial conocido en 2025 ya registraba complejos paralizados y deterioro creciente.
El anuncio actual recién adquirirá valor cuando una máquina vuelva a trabajar. Hasta entonces, la política habitacional de ambos gobiernos se mide en una imagen incómoda: edificios públicos deteriorándose frente a familias que perdieron toda posibilidad de acceder a una casa propia.
