SANTA FE — A 62 años de su sanción y a casi tres meses de las elecciones que designaron a los 69 convencionales constituyentes, la Constitución de Santa Fe entra finalmente en su zona de transformación. Será una reforma parcial, pero no menor: 42 artículos clave podrán ser modificados para redefinir el pacto institucional de la provincia.
La Convención Reformadora, con fecha de inicio aún sujeta a la convocatoria formal del Ejecutivo, tendrá entre 40 y 60 días para deliberar y votar un conjunto de reformas que atraviesan el sistema político, judicial, educativo y municipal de la provincia. Y aunque los tiempos son breves, el alcance es amplio: lo que se discuta en estas semanas impactará en la forma de ejercer el poder en Santa Fe durante las próximas décadas.
Derechos, garantías y nuevas demandas
Una de las áreas que promete mayor densidad política es la de principios y derechos. Desde la incorporación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 2) hasta la consagración del juicio por jurados y los derechos de las víctimas (art. 9), la propuesta busca alinearse con los estándares más modernos del constitucionalismo argentino.
La supresión del carácter confesional del Estado (art. 3), la tutela reforzada de la libertad de expresión y los datos personales (art. 11), así como el reconocimiento del derecho a la salud como responsabilidad estatal (art. 19), abren una conversación que excede lo normativo y toca directamente el modelo de ciudadanía que la provincia aspira a consolidar.
Política y poder: el núcleo duro
Si hay un tema que puede fracturar consensos, es el de la reelección. El artículo 64 vuelve a escena con una pregunta que no pierde vigencia: ¿debe permitirse la reelección inmediata del gobernador y vicegobernador? En paralelo, el proyecto incluye la ampliación de las facultades legislativas (arts. 55 y 56), la incorporación de la iniciativa popular y la eliminación de los fueros de proceso (art. 51), medidas que podrían alterar el equilibrio entre poderes en nombre de la transparencia.
El artículo 30 propone también la cláusula de “ficha limpia”, que impediría la postulación de personas condenadas por delitos graves. Junto con el voto joven desde los 16 años (art. 29), son señales de un intento por oxigenar la representación política en la provincia.
La autonomía municipal y la geografía del poder
El artículo 107 introduce uno de los cambios más esperados por los intendentes: la autonomía municipal plena en lo político, administrativo, financiero e institucional. Esto, junto con la obligación de que todas las poblaciones se organicen como municipios (art. 106), plantea una reorganización territorial con consecuencias directas sobre el reparto de recursos, competencias y poder real.
Se suma un paquete de reformas que busca modernizar la dinámica local: coincidencia de mandatos con el calendario provincial, elecciones simultáneas, renovación parcial de concejos en ciudades mayores a 20.000 habitantes y la promoción de regiones y áreas metropolitanas. En conjunto, la provincia parece ensayar una descentralización efectiva del poder, aunque su ejecución concreta dependerá de reglamentaciones futuras.
Justicia, paridad y límites
La Corte Suprema podría pasar de cinco a siete miembros, incorporando paridad de género (art. 84). A su vez, se establecería un Consejo de la Magistratura para transparentar los nombramientos judiciales (art. 86), y se fijaría un límite etario de 75 años para ejercer funciones, salvo nueva designación (art. 88). También se amplía el alcance del juicio político (art. 98), incluyendo al vicegobernador, el Procurador y el Defensor del Pueblo.
Son cambios que buscan dotar de mayor independencia y control al Poder Judicial, en un contexto donde su credibilidad ha sido foco de críticas constantes.
Educación como política de Estado
Del artículo 109 al 113, la reforma ratifica el derecho a la educación con nuevas garantías: obligatoriedad de la secundaria, integración entre educación y mundo del trabajo, acceso a conectividad, alfabetización digital y educación ambiental. En un país donde el sistema educativo acumula fracturas y brechas, Santa Fe apuesta por convertir estos principios en letra constitucional.
Una oportunidad en disputa
Lo que Santa Fe pone en juego no es solo una actualización de artículos. Es una definición sobre cómo entiende el poder, la representación, la justicia y la equidad. La Convención será breve, pero no menor. Y lo que allí se decida podrá marcar, por décadas, el tono de la democracia provincial.
Como toda reforma, la que comienza será también un espejo. De los consensos reales. De las tensiones que se evitan nombrar. De las transformaciones que la política está dispuesta —o no— a habilitar.
