En 10 segundos
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Qué pasó: Un hecho violento reactivó el debate por los cuidacoches.
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Qué cambia desde hoy: Nada en la norma; sí en la percepción ciudadana.
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A quién le pega: A quien cree que la prohibición garantiza convivencia.
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Qué mirar ahora: Quién ejerce autoridad real en la calle santafesina.
Santa Fe, 3 de febrero de 2026.
Antes de que haya gritos, amenazas o violencia, hay un gesto mínimo que lo anticipa todo: el conductor que baja del auto con el dinero ya preparado. No lo hace por convicción ni por solidaridad. Lo hace porque aprendió que en ciertas zonas de la ciudad estacionar no es un derecho: es una negociación. Ahí empieza el verdadero problema de los cuidacoches en Santa Fe, mucho antes de cualquier puñalada.
La prohibición formal existe desde 2024. El Concejo Municipal derogó la ordenanza que intentaba regular la actividad y el Ejecutivo la presentó como un cambio de fondo. El mensaje fue nítido: en la vía pública no se cobra, no se intimida, no se intermedia. El problema es que la calle nunca respondió con la misma claridad.
Hoy, un año después, la ciudad convive con una paradoja incómoda: la actividad está prohibida, pero sigue siendo funcional. Funcional para quienes cobran, para quienes pagan y, en algún punto, para un Estado que interviene sin lograr ocupar del todo el espacio que dejó vacante. La prohibición fue una decisión política; la persistencia es un hecho social.
El error aparece cuando el debate se reduce a números. Esa contabilidad esquiva la pregunta central: quién manda en la calle cuando la norma se vuelve negociable. En esos intersticios, la autoridad deja de ser institucional y pasa a ser situacional. No importa lo que dice la ordenanza; importa quién está parado al lado del auto.
En la práctica cotidiana no hay extorsión explícita. Hay algo más eficaz: la insinuación. El vecino entiende rápido el código. Pagar no garantiza cuidado, pero evita conflicto. Esa lógica instala una economía silenciosa del miedo mínimo, donde cada actor hace su cálculo y la convivencia se degrada sin hacer ruido.
El Estado aparece, retira, detiene, libera. La calle observa y aprende. Cada intervención que no se sostiene refuerza una pedagogía involuntaria: la norma es reversible, la autoridad es intermitente. En ese aprendizaje colectivo se cocina el verdadero fracaso.
El último episodio violento no es un quiebre. Es una consecuencia. Ocurrió en un corredor gastronómico, a plena luz del día, frente a familias. No en un margen invisible, sino en uno de los espacios más valorizados de la ciudad.
La discusión de fondo ya no es prohibir o regular. Esa etapa terminó. La pregunta incómoda es qué tan dispuesta está la ciudad a ejercer autoridad sin negociar cada metro de espacio público. Mientras estacionar siga implicando un acuerdo informal, ningún operativo va a alcanzar.
Santa Fe no enfrenta un problema de cuidacoches. Enfrenta un problema de poder cotidiano. Y en la calle, a diferencia del Concejo, el poder se ejerce todos los días o se pierde sin comunicado oficial.
