En una acción inédita en el país, la Lotería de Santa Fe demandó civilmente a Meta Platforms Inc., la empresa matriz de Facebook e Instagram, por permitir —y monetizar— la promoción de apuestas ilegales bajo el nombre de una de las marcas más reconocidas del juego estatal: el Quini 6.
El eje del conflicto no es menor. Según el escrito presentado por la Fiscalía de Estado provincial, Meta habría sido notificada en múltiples ocasiones de que páginas y perfiles utilizaban el nombre, los colores, la tipografía y hasta la credibilidad construida durante más de tres décadas por el Quini 6 para simular legitimidad institucional en promociones digitales de dudosa legalidad. La respuesta fue, según Santa Fe, insuficiente. Ahora, la cuestión llegó a los tribunales.
“Están usando nuestro nombre, identidad visual y hasta el prestigio de la Lotería para simular una legalidad que no existe”, dijo a la prensa el vicepresidente ejecutivo de la Lotería, Daniel Di Lena. La frase no sólo busca proteger una marca; busca también dejar en claro que lo que está en juego es algo más amplio: la confianza pública.
Un algoritmo que no distingue entre juego legal y estafa
La demanda va más allá del uso indebido de una marca registrada. Acusa a Meta de ser un actor con responsabilidad activa en la reproducción de contenidos ilegales. No se trata —subrayan los abogados de la provincia— de simples posteos aislados, sino de anuncios pagos que el propio sistema de la plataforma segmenta y propaga, cobrando por cada clic.
El documento, firmado por el fiscal de Estado Domingo Rondina, exige que Meta no sólo remueva todo contenido actual que utilice la marca “Quini 6” para desinformar, sino que aplique filtros preventivos mediante algoritmos e inteligencia artificial para evitar que reaparezcan. Además, solicita identificar a los responsables de los perfiles que arman estas campañas ilegales.
Las pruebas reunidas son contundentes: actas notariales realizadas en mayo y junio documentan la existencia de perfiles con nombres como “QUINI 6 SORTEO”, “QUINI 6 ONLINE” o “QUINI 6 CASINO”, este último promocionando una falsa app oficial. Algunos anuncios incluso replicaban gráficas de televisión y logotipos de organismos públicos, reforzando la apariencia de legalidad. En todos los casos, el destino era el mismo: sitios de apuestas no autorizadas.
Una marca, una historia, una advertencia
El Quini 6 no es cualquier juego. Nacido en Santa Fe hace más de tres décadas, se transformó en sinónimo de sorteo legal, fiscalizado y televisado. El hecho de que su nombre pueda ser usado sin filtros en redes sociales para engañar, preocupa.
“El problema no es sólo nuestro. Le puede pasar a cualquier institución, en cualquier parte del mundo. Las plataformas no pueden escudarse en la neutralidad cuando cobran por publicitar estos contenidos”, subraya Di Lena, que asegura haber trasladado la preocupación al propio gobernador Maximiliano Pullaro apenas tomó conocimiento del tema.
En paralelo, también se radicó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación por el presunto delito de juego clandestino, contemplado en el artículo 301 bis del Código Penal.
Di Lena fue claro: no se trata de pedir censura, sino de pedir responsabilidad. “No podemos vivir denunciando uno por uno los avisos ilegales que aparecen. Es materialmente imposible. Meta debe actuar con la tecnología que ya tiene”, reclamó.
Meta en la mira
Desde la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), la Lotería de Santa Fe ya había establecido canales de comunicación con los equipos de Políticas Públicas de Meta en América Latina. Aunque existen herramientas como el registro de protección marcaria, desde la provincia aseguran que han sido ineficaces. “Los anuncios vuelven a aparecer”, repiten.
La demanda sienta un precedente clave en América Latina: ¿puede una empresa global lucrar con estafas digitales que usan marcas oficiales y no responder jurídicamente en el país donde ocurre el daño?
La respuesta, esta vez, se buscará en los tribunales. Y también en la percepción pública. Porque detrás del reclamo legal, hay una pregunta que aún no resuelve ningún algoritmo: ¿quién cuida a los usuarios cuando la confianza se usa como anzuelo?
