SANTO TOMÉ — El domingo por la tarde, en una vivienda sobre calle Hipólito Irigoyen al 2600, el horror se desató en segundos: un perro de raza pitbull atacó a dos hermanas que se encontraban en el lugar. Una de ellas, de 44 años, fue derivada de urgencia al hospital Cullen con lesiones graves. La otra, de 56, sufrió heridas más leves. El dueño del animal, un joven de 27 años que también residía en el domicilio, fue imputado por las lesiones provocadas por su mascota.
La escena es impactante, pero no inédita. Lo que ocurrió este fin de semana en Santo Tomé reactiva un problema que se arrastra con frecuencia y con escasa respuesta institucional: la tenencia de perros potencialmente peligrosos en ámbitos domésticos sin condiciones de seguridad ni control. No es la primera vez, y si algo indica la historia reciente, difícilmente será la última.
Cuando el domicilio es una zona de riesgo
El ataque ocurrió en el interior de una vivienda particular. La víctima más grave recibió asistencia inmediata gracias a la intervención de personal del 911 y una unidad del servicio 107. La Policía Ecológica también fue requerida en el lugar para contener al animal y evitar nuevos ataques. Se trató de una maniobra delicada: el perro permanecía agresivo y no podía ser trasladado sin poner en riesgo a los agentes.
El hecho pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué controles existen —y cuáles no— sobre la convivencia con animales de razas que, mal socializadas o criadas con negligencia, pueden transformarse en armas letales?
Las omisiones institucionales
En Santa Fe, como en buena parte del país, las regulaciones sobre tenencia responsable de animales considerados peligrosos existen, pero suelen naufragar en el vacío de la fiscalización. No hay registro obligatorio. No hay seguimiento veterinario obligatorio. No hay control estatal sobre las condiciones de crianza o resguardo. Todo queda librado a la responsabilidad individual. Hasta que pasa lo que pasó.
El joven imputado por las lesiones es, según informaron fuentes policiales, conviviente de las mujeres atacadas. No trascendieron por el momento las condiciones exactas en las que vivía el animal, ni si contaba con antecedentes de conducta agresiva. Pero a esta altura ya no se trata sólo de ese perro, ni de esa casa. Se trata de lo que las autoridades, los municipios y la justicia están —o no están— haciendo para evitar que esto se repita.
Un tema sin política pública
La mayoría de los ataques graves de perros peligrosos en la provincia no se convierten en causa política. No hay proyectos de ley que pongan el tema en la agenda. No hay campañas sistemáticas de concientización. No hay datos sistematizados ni registros públicos que permitan dimensionar el problema. Y cada nuevo caso vuelve a empezar desde cero, como si no hubiera pasado nunca antes.
Mientras tanto, las víctimas deben lidiar no sólo con las heridas físicas, sino con el silencio que suele rodear estos episodios. Como si el sufrimiento de quienes sobreviven no mereciera una respuesta institucional más clara, más firme, más preventiva.
