En 10 segundos:
Qué pasó: los cargos eléctricos de grandes usuarios crecieron hasta 500%
Qué cambia desde hoy: Santa Fe propondrá diferir los saldos acumulados durante el invierno
A quién le pega: a 340 industrias y cooperativas, sus proveedores y trabajadores
Qué mirar ahora: si Nación modifica el esquema o reprograma los pagos
Santa Fe, 4 de agosto de 2026. Una industria puede corregir consumos, renegociar insumos y reorganizar turnos. Todas esas decisiones pierden eficacia cuando el precio de la energía se conoce después de cerrar la producción.
Ese problema alcanzó otra escala en Santa Fe. Los cargos facturados por Cammesa a los grandes usuarios sumaron $414 millones por los consumos de marzo, $1.271 millones en abril y $7.110 millones en mayo. La proyección incorporada a las facturas de agosto supera los $14.300 millones.
La cifra implica que esos costos se multiplicaron más de 34 veces en cuatro meses. Algunas empresas recibieron recargos superiores a $200 millones entre una liquidación y la siguiente.
El aumento del 491,9% corresponde a dos conceptos aplicados a los Grandes Usuarios de Distribución: el Cargo Estabilizado GUDI y el Ajuste Complementario de Potencia. El impacto final varía según la demanda y la estructura tarifaria de cada planta.
La regulación alcanza a usuarios con una potencia contratada igual o superior a 300 kilovatios. Cammesa determina los montos y la EPE los incorpora a las boletas. La decisión tarifaria pertenece al ámbito nacional; la distribuidora provincial ejecuta su traslado.
El esquema nació con la Resolución 976 de 2023, durante la administración de Alberto Fernández. El Gobierno de Javier Milei mantuvo su aplicación y la integró a las nuevas reglas del mercado eléctrico mediante la Resolución 400 de 2025. La continuidad convirtió a la actual gestión nacional en responsable de sus efectos durante este invierno.
Las industrias reciben la liquidación a mes vencido, cuando la energía ya fue consumida y la producción ya fue vendida. Cotizar, fijar precios o comprometer entregas se vuelve una apuesta sobre un costo desconocido.
La restricción de gas agravó el cuadro. Varias plantas debieron recurrir a fueloil o gasoil para mantener su actividad, incorporando combustibles más caros durante el período de mayor presión eléctrica.
La reacción santafesina llegó tarde. El Gobierno provincial comenzó las gestiones cuando las empresas ya acumulaban cuatro facturas consecutivas con incrementos y el problema había comprometido capital de trabajo.
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, propondrá a la Secretaría de Energía diferir los saldos correspondientes a junio, julio y agosto. Los pagos se distribuirían durante la primavera y el verano, meses en los que esos cargos suelen disminuir.
El mecanismo daría oxígeno financiero inmediato. Las empresas conservarían la obligación de pagar el costo acumulado y seguirían expuestas a un sistema que informa el precio después del consumo.
Cada aumento reduce el margen disponible para salarios, mantenimiento e inversión. Una persistencia del esquema puede traducirse en menor producción, suspensión de proyectos y pérdida de puestos de trabajo dentro de las plantas y sus cadenas proveedoras.
La discusión energética ya integra la política industrial. La factura de agosto mostrará cuánto espacio real ocupan la producción y el empleo en las decisiones económicas del Gobierno nacional.
