El abogado bonaerense Iván Carlos Méndez fue detenido e imputado en Rosario, acusado de integrar una asociación ilícita que permitió a capos narcos mantener el control de sus negocios desde penales federales de máxima seguridad. Según la Fiscalía, el letrado ofrecía un “servicio a medida” para eludir los controles del régimen de alto riesgo.
Los fiscales de la Procunar señalaron que Méndez no ejercía la defensa legal, sino que operaba como mensajero: recibía directivas en visitas o llamadas y las transmitía afuera, cobrando hasta 4 mil dólares mensuales por cada cliente. Entre sus interlocutores figuraban Julio Andrés Rodríguez Granthon, el peruano condenado por narcotráfico y homicidio, Mario Segovia, conocido como el Rey de la efedrina, y miembros de la banda de Los Monos.
Las pruebas incluyen escuchas, seguimientos e interceptación de visitas, donde se documentaron negocios inmobiliarios entre reclusos y transferencias de dinero. La Justicia también detectó vínculos con el narco René Ungaro, a partir de cartas halladas en poder de su madre en enero de este año.
El prontuario de Méndez refuerza la imputación: tráfico de drogas en 2014, portación de armas en 2011 y tenencia de estupefacientes en 2020. Durante su paso por la cárcel de Devoto estudió Derecho y se recibió de abogado, pero en 2022 recuperó la libertad. Fue arrestado nuevamente el 17 de septiembre, a la salida del penal de Ezeiza.
En los allanamientos posteriores, en su vivienda de la Villa 31, la Policía Federal secuestró un fusil calibre .223 con numeración limada, municiones, partes de armas y cocaína. Para los fiscales, se trata de una evidencia de que su rol excedía el simple traslado de mensajes y se vinculaba directamente con el sostén de las redes criminales.
El juez federal Carlos Vera Barros ordenó la prisión preventiva por seis meses, tiempo en el que se prevé avanzar con peritajes de celulares y la elevación de la causa a juicio. El caso reabre el debate sobre el uso del título profesional como cobertura para actividades ilícitas y la vulnerabilidad de los sistemas de aislamiento frente al crimen organizado.
