Buenos Aires — Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, el que cambió el clima. La diputada de Unión por la Patria dejó su banca, cruzó el recinto y, con el rostro tenso, encaró al libertario José Luis Espert. En segundos, los murmullos se volvieron gritos, y la Cámara de Diputados volvió a convertirse en un teatro desbordado donde las formas institucionales se rompen con la misma facilidad con la que se levantan las sesiones.
Ese miércoles no fue solo un nuevo capítulo de escándalo legislativo. Fue una escena que condensó la tensión acumulada entre Nación y provincias, oficialismo y oposición, gestión y parálisis. Fue también la muestra —dolorosamente clara— de que la política argentina sigue atrapada en una lógica de confrontación crónica, donde incluso las urgencias más compartidas terminan trabadas en una coreografía de acusaciones cruzadas.
Un empate ruidoso
La oposición había logrado un objetivo modesto pero simbólicamente potente: aprobar dos emplazamientos para que comisiones clave traten el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Nada que pueda votarse todavía en el recinto, pero sí un llamado de atención al oficialismo. Más aún, una señal clara de que no todo está bajo control, ni siquiera en el Congreso donde el oficialismo esperaba hacer del obstruccionismo una forma de disciplina fiscal.
Pero no fue el bloque opositor quien permitió que la sesión comenzara. Fueron los gobernadores. Silenciosamente, sin declaraciones altisonantes, varios mandatarios provinciales movieron sus piezas para facilitar el quórum. Fue su forma de hacer política en tiempos de ajuste: sin romper, pero marcando el límite.
En la superficie, la sesión pareció un caos más. Pero para quienes observan los pliegues de la política, lo ocurrido fue otra cosa: un mensaje institucional disfrazado de incidente parlamentario.
Un Congreso cada vez más inhábil para procesar conflictos
Que el presidente de la Cámara, Martín Menem, cierre una sesión a viva voz mientras una diputada le discute de pie y una colega graba con el celular no es solo una anécdota colorida. Es la imagen de una cámara baja que ha perdido su capacidad de conducción. Una caja de resonancia que ya no resuena ideas sino gestos, slogans, escraches en vivo.
El Congreso, en teoría, es el lugar donde los desacuerdos se tramitan bajo reglas. Donde el conflicto no se niega, pero se ordena. Pero cuando el cuerpo legislativo se convierte en una extensión de la guerra cultural —sin pausa, sin matices, sin pausa para respirar—, las urgencias reales quedan fuera de foco.
La crisis del Hospital Garrahan y el ahogo presupuestario de las universidades no son inventos partidarios. Son realidades concretas que atraviesan cualquier ideología. Que aún así no puedan debatirse sin griterío, que no consigan dictamen por “impacto fiscal”, dice más del presente argentino que cualquier estadística.
Gobernadores, la nueva bisagra
El gesto de los gobernadores abre un nuevo capítulo. En los papeles, aún no rompieron con la Casa Rosada. Pero el ruido es creciente. Con obras paralizadas, transferencias discrecionales y una caída dramática en la recaudación, las provincias ya no están en modo acompañamiento. Están en modo subsistencia.
El Congreso fue el escenario, pero el verdadero mensaje apuntó más arriba. Lo que dijeron —sin decir— es que los gobernadores también saben jugar en la nación. Que pueden torcer el brazo cuando se los empuja demasiado. Que si el Gobierno quiere bloquear todo lo que no controla, deberá pagar un costo político cada vez más alto.
La política frente al espejo
La sesión del miércoles no resolvió nada, y sin embargo lo dijo todo. Mostró a un oficialismo incapaz de construir mayorías ni siquiera para frenar una moción. A una oposición que celebra pequeñas victorias como si fueran épicas, porque sabe que es lo único que puede conseguir por ahora. A un Congreso que dejó de ser un espacio de representación y se convirtió en una caja de resonancia del hartazgo general.
Y, sobre todo, dejó en claro algo más: la Argentina no necesita más épica ni más escándalos. Necesita un mínimo de institucionalidad funcional. Un Congreso donde se pueda debatir sin gritar. Donde las provincias no tengan que forzar una sesión para pedir lo que ya debería estar garantizado. Donde el conflicto —inevitable y necesario— no se vuelva espectáculo, sino política.
