La prisión preventiva dictada contra catorce jefes y exjefes de la Unidad Regional II no sólo confirmó la gravedad de las imputaciones por asociación ilícita y peculado. Expuso, además, la existencia de un sistema paralelo que funcionó durante meses sin interrupciones, aprovechando un mecanismo administrativo pensado para agilizar el abastecimiento de los patrulleros en un contexto de violencia urbana. La caída de la estructura dejó al descubierto una red que combinaba jerarquías policiales, una estación de servicio y un flujo de fondos públicos sin trazabilidad efectiva.
El caso se apoya en un dato central: entre 2023 y 2025, la carga de combustible para móviles de Rosario pasó de ser un trámite rutinario a convertirse en una vía para desviar dinero mediante sobrefacturaciones y operaciones fantasma. Según surge del expediente y de documentos internos analizados para esta nota, el mecanismo se potenció por la falta de auditorías cruzadas y por una concentración de decisiones en pocas manos. La investigación fiscal sostiene que esa combinación generó un terreno fértil para que el combustible —un insumo crítico en plena crisis de seguridad— se transformara en un recurso para financiar una recaudación ilegal sostenida.
La declaración del imputado colaborador permitió reconstruir la dinámica interna: presiones sobre jefes de secciones, cuotas de recaudación, amenazas encubiertas y la creación de una supuesta “Oficina de Gestión de Multas” donde los retrasos o errores administrativos se traducían en pagos en especie. Las escuchas telefónicas, a las que accedió la Fiscalía, muestran una operatoria que mezclaba la informalidad cotidiana con órdenes precisas destinadas a aumentar retornos. El juez Pérez Urrechu remarcó en su resolución que la estructura no operaba como un grupo improvisado, sino como una asociación con roles definidos y un objetivo económico claro.
El análisis de los datos oficiales revela otro aspecto significativo. En mayo de 2025, la URII registraba gastos cercanos a los 403 millones de pesos mensuales sólo en combustible. Tras los allanamientos de ese mismo mes, el número cayó a 330 millones. Para los investigadores, esa diferencia funciona como un indicador indirecto de la magnitud de la maniobra: una reducción del 18% sin alterar la flota ni el despliegue operativo pone en evidencia que una porción relevante de los fondos no se destinaba a los móviles.
El esquema incluía, según el expediente, tres patrulleros asignados de manera interna cuyos movimientos no coincidían con las cargas registradas. Sus trayectorias, reconstruidas mediante GPS, mostraban que permanecían inmóviles mientras el sistema marcaba abastecimientos regulares. Dos de esos vehículos aparecieron incendiados días después de que la causa se hiciera pública, en una señal que los investigadores atribuyen a un intento por borrar huellas.
La participación de la estación de servicio también ocupa un lugar central. Los registros contables y las cámaras del local permitieron identificar entregas periódicas de sobres con dinero a personal policial. El acuerdo se habría montado sobre el sistema Visa-Flota, que debía garantizar transparencia, pero en la práctica terminó otorgando discrecionalidad: las tarjetas circulaban por fuera de los móviles y eran administradas por mandos que concentraban la facturación quincenal.
La dimensión institucional del caso abre un interrogante mayor. En una etapa en la que la provincia buscaba reforzar su presencia preventiva, la URII administraba recursos clave sin un esquema de auditoría externa sostenida. Exjefes consultados para esta nota señalaron que los controles formales existen, pero se aplican de manera discontinua y dependen del volumen de trabajo de las áreas administrativas, lo que deja espacios para discrecionalidades. El resultado es un sistema vulnerable en el que prácticas simuladas pueden sostenerse hasta que una denuncia, una auditoría puntual o un quiebre interno las expone.
La resolución del juez dejó una idea de fondo: el perjuicio no se limitó al desvío de fondos, sino al impacto operativo. Cada litro de combustible que no llegó a los patrulleros implicó menos circulación en un momento crítico para Rosario. Para un sistema de seguridad bajo tensión, la corrupción interna no es sólo un problema ético; es un factor que agrava la sensación de desprotección y deteriora la confianza pública.
La causa seguirá su curso con la presentación de la acusación preliminar, pero el desafío excede al juicio. El caso URII vuelve a plantear una discusión de fondo: cómo auditar de manera permanente los recursos esenciales del sistema de seguridad sin trabar su funcionamiento. La caída de la red dejó expuestas fallas estructurales y abre una ventana para revisar prácticas que, si no se corrigen, pueden volver a anidar bajo nuevas formas y nuevos protagonistas.
