La firma indicó en que «subió casi un 20 por ciento en la última semana». Además, se presentó un proyecto para regular la app.
Uber no para y contraataca. La aplicación internacional dio a conocer ayer que sigue en pleno funcionamiento en Rosario y sumó un dato estadístico mordaz para quienes arremeten en su contra: “En lo que va de la semana vimos un incremento de casi 20% en la cantidad de personas que bajan la aplicación y se conectan para pedir un viaje en Rosario”, informó a La Capital, con lo que avisó que el servicio, declarado ilegal por la Intendencia, goza de muy buena salud.
La compañía se mueve en Rosario con “normalidad”, se indicó en un comunicado distribuido a este diario, con lo que, al parecer, no hay perspectivas de que pretenda abandonar el servicio. Pero eso no es lo único: en busca de allanarle el camino, el diputado provincial Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto destinado a su regulación en todo el territorio santafesino (ver aparte).
Y, como si fuera poco, una ONG ingresó voluntariamente una solicitud a la Justicia para que “sean escuchados los usuarios”. Se trata de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin), asociación civil cuyo presidente, Exequiel Vergara, explicó que “debería permitirse la posibilidad de que los rosarinos accedan a distintos servicios” (ver aparte).
La entidad cordobesa se metió de lleno en la polémica suscitada en Rosario y, tal como lo había realizado en aquella provincia en diciembre pasado, abogó por la “libertad de elección de usuarios y consumidores”, indicó su referente.
La información se conoció casi paralelamente a la protesta que taxistas y remiseros protagonizaron ayer frente al Concejo luego de que incluso el intendente Pablo Javkin advirtiera el viernes que la actividad que desarrolla la aplicación en la ciudad es “totalmente ilegal”.
Fue entonces cuando la app fue al choque por primera vez y confirmó que su operación era “normal”, incluso brindando números ligados a la satisfacción de los usuarios y la “seguridad” de la prestación.
Tal como dio a conocer este medio, de cada 10 personas que usaron Uber en Rosario desde el lanzamiento, tres son nuevos usuarios y siete ya habían utilizado la plataforma en otras ciudades.
Y no solo eso: la firma informó oficialmente que, hasta el momento, “la calificación promedio de la experiencia en Rosario es de 4,96 sobre cinco”.
La respuesta del municipio no se hizo esperar. La administración que encabeza Javkin presentó una medida cautelar ante la Justicia, “dado que dicha plataforma digital para el traslado de personas no solicitó ni cuenta con habilitación del Ejecutivo, única jurisdicción competente para ello en la ciudad”, remarcaron los asesores letrados del Palacio de los Leones.
Sin embargo, las autoridades rosarinas sufrieron un traspié. El juez en lo civil y comercial Nº 7, Marcelo Quiroga, rechazó la medida interpuesta al considerar que la Intendencia tiene el poder de policía y no requiere la intervención judicial. No obstante, trascendió que la Municipalidad podría interponer una nueva acción legal.
Mientras la plataforma está activa y los usuarios pueden descargarla para pedir traslados se escuchan y pueden verse publicidades de Uber en las radios y programas televisivos locales, además de las redes sociales.
Seguridad
En tanto, en un escrito enviado a este diario, la empresa buscó diferenciarse de otros servicios de traslado de pasajeros, como los taxis, en virtud de su “seguridad”.
En la declaración de prensa se puso de manifiesto que “para Uber la seguridad de todas las personas que utilizan la plataforma es fundamental, una prioridad”.
Según se especificó, “en Rosario, como en todas las ciudades de Argentina donde el servicio está disponible, la aplicación brinda a los usuarios información del socio o conductor previo a realizar un viaje, entre los que se encuentra el nombre, patente y modelo de vehículo. Además, incluye diferentes funciones para promover la seguridad de cada viaje”.
Entretanto, mientras resiste su funcionamiento, la Municipalidad sigue a la caza de autos particulares que funcionan con esta app. Secuestró dos unidades de Uber (y otra de la rusa Maxim, que también tiene su app activa) durante las primeras jornadas luego del desafiante anuncio de la puesta en marcha.
Las detecciones sucedieron en avenida del Rosario y Lituana, en el marco de controles de rutina para remises ilegales. Los choferes fueron detenidos mientras llevaban pasajeros en el asiento trasero, que reconocieron ante los inspectores haber pedido el viaje a través de las plataformas y en algunos casos hasta mostraron capturas de pantalla como evidencia. Incluso uno de los conductores venía manejando con el celular apoyado en un soporte, como lo hacen los taxistas, con la app abierta. Otro directamente reconoció trabajar para Uber y dijo que la firma le había asegurado que estaban habilitados para circular. Era su primer viaje.
“Matones de la vieja escuela gremial”
En el marco de la polémica por el funcionamiento de la aplicación Uber para el traslado de pasajeros, se conoció ayer que el diputado provincial Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto para crear el “servicio de transporte privado a través de plataformas independientes (STPPI). La iniciativa plantea que el “Ministerio de Trasporte de la provincia será la autoridad de aplicación”.
“Necesitamos una Rosario más pujante en términos de movilidad, que no se deje extorsionar por matones de la vieja escuela gremial de los años 50. Sueño a mi ciudad con un transporte como el de Madrid, Medellín o San Francisco, en donde no existan 5.000 remises truchos o licencias de taxi en manos de las bandas narcocriminales”, descerrajó el legislador de Juntos por el Cambio.
Una ONG a favor del consumidor
La ONG Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin), con sede en Córdoba, presentó un escrito ante la Justicia rosarina con la intención de que los usuarios del transporte puedan acceder libremente a distintos servicios.
Lo hizo bajo la figura “amigos del Tribunal” en busca de ofrecer “una perspectiva desde la visión de los consumidores”, indicó la organización. La entidad lo hizo para evitar los “intereses de parte” y buscando que la “sana competencia logre mejores servicios y deje de lados los monopolios legales que generan el encarecimiento del servicios”, dijeron a La Capital.
