En 10 segundos:
Qué pasó: una ONG especializada pidió que la UIF investigue la evolución patrimonial de Manuel Adorni
Qué cambia desde hoy: el caso pasa de la discusión pública al terreno del control financiero
A quién le pega: al Gobierno nacional y a su discurso de transparencia
Qué mirar ahora: si la UIF abre expediente y cruza datos fiscales, bancarios e inmobiliarios
Buenos Aires, 12 de junio de 2026. La declaración jurada de Manuel Adorni abrió un frente más delicado que el costo político de una explicación incómoda: puso bajo revisión el origen del crecimiento patrimonial de uno de los funcionarios más visibles del gobierno de Javier Milei.
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica pidió a la Unidad de Información Financiera que abra un expediente de inteligencia financiera sobre el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti. El planteo apunta a determinar si la evolución patrimonial declarada guarda relación con ingresos, operaciones y bienes registrados.
El pedido llegó después de la publicación de la declaración jurada de 2025. El CIPCE pidió que se apliquen medidas de monitoreo intensivo por tratarse de Personas Políticamente Expuestas, una categoría que obliga a controles reforzados por el mayor riesgo asociado a corrupción, lavado de activos y uso irregular de recursos.
El eje del planteo combina operaciones inmobiliarias, dinero en efectivo, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y préstamos no bancarios con personas cuya capacidad económica debería ser verificada. La compra de una casa en un barrio privado y luego de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires aparece como uno de los puntos centrales del requerimiento.
La frase pública de Adorni sobre ahorros familiares “en negro” agravó el caso. Para el organismo, esa admisión obliga a establecer trazabilidad, origen y consistencia económica de los fondos involucrados.
El CIPCE incorporó además testimonios judiciales que apuntarían a posibles operaciones inmobiliarias escrituradas por debajo de su valor real. Si esa hipótesis avanzara, el caso podría ingresar en una zona penal más compleja.
La decisión queda ahora en manos de la UIF. El organismo deberá definir si activa controles integrales, cruza información con ARCA y el sistema financiero, y determina si corresponde avanzar hacia una denuncia penal.
Para el Gobierno, el problema ya excede a un funcionario. La crisis golpea sobre un punto sensible: la distancia entre el discurso público de austeridad y la obligación institucional de explicar patrimonio, origen de fondos y vínculos económicos.
