Un cañón descartado en una vivienda, tiros al aire tras una discusión entre vecinos y el caos que se adueña, una vez más, de un barrio que ya se acostumbró a sobrevivir entre el miedo y la indiferencia. El episodio ocurrió en San Agustín, al noroeste de la ciudad de Santa Fe. Pero podría haber pasado en cualquier otro rincón donde el Estado apenas aparece cuando suenan las sirenas.
El video circuló rápido. Un grupo de personas discute con violencia en plena calle. Una mujer empuña lo que parece un arma de fuego. Los vecinos gritan, corren, se refugian. Después se supo: era una réplica de cañón adaptado para disparar proyectiles caseros. Improvisado, pero suficiente para sembrar el terror.
¿Dónde estaba la prevención? ¿Dónde están los controles, las políticas barriales, la inteligencia urbana, el trabajo territorial real? En ninguna parte. El Estado, en su versión más visible –la policial–, llegó después. Recién entonces se supo que en esa casa ya había antecedentes. Que el cañón no era nuevo. Que los vecinos ya habían denunciado situaciones similares.
Lo mismo de siempre: se reacciona, pero no se anticipa.
Mientras tanto, en los discursos oficiales se habla de “seguridad inteligente”, de “presencia activa” y de “trabajo articulado”. En los hechos, el abandono. Barrios enteros sin presencia institucional real, donde el control lo ejercen los que gritan más fuerte o disparan primero.
San Agustín vuelve a poner en evidencia lo que nadie quiere decir en voz alta: las políticas de prevención no existen, o no llegan, o llegan mal. Y mientras se reparten culpas entre oficinas y ministerios, los vecinos viven con miedo, sabiendo que, si pasa algo, el Estado va a llegar cuando ya sea tarde.
