En 10 segundos:
Qué pasó: Sadop votó rechazo y convocó paro para el 2 de marzo, en sintonía con la medida nacional y el conflicto provincial.
Qué cambia desde hoy: el inicio de clases queda condicionado por un frente gremial unificado (públicos y privados) y una respuesta oficial endurecida.
A quién le pega: familias, escuelas de gestión estatal y privada, y el propio gobierno provincial en su promesa de continuidad pedagógica.
Qué mirar ahora: el nivel real de adhesión el 2 de marzo y si aparece una instancia de negociación que evite el choque.
Santa Fe, 24 de febrero de 2026.
La paritaria docente en Santa Fe dejó de ser una discusión técnica y pasó a ser un conflicto político de calendario. Con Sadop sumándose al rechazo a la oferta salarial, el gobierno llega al inicio del ciclo lectivo con dos gremios docentes centrales parando el mismo día y con una decisión oficial que busca sostener la normalidad: “las escuelas estarán abiertas”.
La foto del conflicto tiene dos planos que se superponen. El primero es salarial. La propuesta oficial plantea un 12,5% hasta junio, distribuido en tramos mensuales, más una recomposición del 3% por el segundo semestre de 2025 y un piso garantizado desde febrero. Desde la Casa Gris lo presentan como una oferta competitiva y sostienen que Santa Fe quedará entre los mejores sueldos docentes del país.
El segundo plano es más sensible: reglas y castigos alrededor de la asistencia. El gobierno deja trascender que habrá descuentos a quienes adhieran al paro y que se perdería el premio por asistencia perfecta, un dispositivo que ya venía siendo parte del choque con los sindicatos. La discusión, entonces, no es solo cuánto sube el salario, sino cómo se define el salario posible cuando una porción depende de no faltar, incluso por enfermedad.
Sadop explicitó ese punto como uno de los núcleos del malestar: deuda salarial no reconocida, jubilados sin traslado pleno de aumentos y continuidad del presentismo como herramienta que recorta ingresos a quienes se ausentan por motivos de salud. En el sur provincial, además, el sindicato marcó un rechazo amplio en las escuelas representadas.
Amsafé, por su parte, ya anunció un plan de lucha que combina paro, acciones territoriales y una estrategia de visibilización provincial. La decisión de Sadop de parar el mismo día tiene una consecuencia directa: vuelve más incierta la capacidad del gobierno de mostrar un “inicio de clases” ordenado por la sola vía administrativa. Si el conflicto se expresa en la calle y en las escuelas, la narrativa oficial se vuelve una apuesta de riesgo.
En el medio quedan tres actores que suelen aparecer tarde pero viven el conflicto primero: las familias, los estudiantes y las direcciones escolares. El 2 de marzo no se juega solo la relación gobierno-gremios. Se juega una confianza mínima: si el Estado puede garantizar previsibilidad al comienzo del año escolar o si, una vez más, el sistema arranca con una disputa que empuja a la improvisación doméstica.
Hay un dato que explica por qué esta pulseada escala: el gobierno ya cerró con estatales (UPCN y ATE) y con el sector salud en términos generales. Eso deja a la docencia como el gran frente abierto, el más visible, el que define humor social en pocas horas. Cuando una administración afirma que tiene una oferta “de las mejores del país” y los sindicatos dicen que ese relato no resiste el bolsillo real, lo que se disputa es el sentido común.
También hay un componente de autoridad. El gobierno eligió sostener el programa de asistencia perfecta y presentarlo como reconocimiento a la presencia en el aula. Los gremios lo leen como una forma de disciplinamiento salarial. Esa distancia es la que vuelve más difícil una salida rápida: no se trata de un número que se corrige con una planilla, sino de un criterio de gestión que el oficialismo defiende como política y los docentes perciben como amenaza.
El 2 de marzo, entonces, va a funcionar como un plebiscito de hecho. Si la adhesión es alta, el gobierno pierde margen para sostener que el conflicto es sectorial o minoritario. Si la adhesión es baja, los gremios quedan obligados a recalibrar su estrategia. En cualquier caso, la provincia entra a marzo con una certeza incómoda: la discusión educativa se volvió un conflicto de legitimidad y no solo de porcentajes.
Lo que pase después dependerá de una variable que en paritarias pesa más que cualquier comunicado: la posibilidad de reabrir negociación con una oferta que mueva la aguja sin que el gobierno sienta que retrocede en su modelo, y sin que los sindicatos sientan que convalidan un esquema que castiga la enfermedad. Si no aparece ese puente, el inicio de clases será apenas el primer capítulo.
