La advertencia no llegó desde un despacho oficial ni desde una conferencia de prensa. Llegó desde los barrios. En Santa Fe, un conjunto de vecinales decidió poner en palabras algo que, aseguran, ya es evidente en la vida cotidiana: los delitos aumentan, la violencia se expande y una porción significativa de lo que ocurre queda fuera de los registros formales. Lo que no se anota, no existe. Y lo que no existe en los datos, no se investiga.
El planteo fue difundido por la Red de Vecinales por Seguridad y Desarrollo Humano, que analizó información del mapa del delito y de las denuncias ingresadas ante el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. Su diagnóstico es directo: homicidios, delitos predatorios y microtráfico se multiplican en la ciudad, pero el sistema solo ve una parte.
El problema central no es únicamente el crecimiento del delito, sino su subregistro. Muchos vecinos, por miedo, cansancio o descreimiento, optan por no denunciar. Esa decisión individual produce un efecto colectivo: construye una falsa sensación de calma. “No hay denuncias, no hay delitos”, sintetizan desde la Red. No como consigna, sino como descripción de una falla estructural.
En el caso del microtráfico, la situación adquiere una densidad particular. La venta de drogas, advierten, se intensificó en barrios como Barranquitas, Scarafia, Pompeya, Altos del Valle, Centenario y sectores del área central. En varios de esos territorios, los responsables son conocidos por los vecinos, pero no figuran en expedientes ni estadísticas. La violencia circula, pero no deja huella institucional.
A ese escenario se suma un reclamo recurrente: la escasa presencia policial. Las vecinales señalan que los patrullajes son insuficientes y discontinuos, concentrados en avenidas visibles y no en las calles interiores donde se acumulan los conflictos. Barrios como Guadalupe y Dorrego aparecen mencionados como zonas donde la ausencia del Estado se vuelve cotidiana.
El pedido de denunciar al 911 no es presentado como un gesto cívico abstracto. Es, para las vecinales, una condición mínima para que exista política pública. Sin denuncias no hay estadísticas confiables; sin estadísticas, no hay investigación ni prevención posible. No denunciar, advierten, no reduce la violencia: la vuelve opaca y más difícil de desactivar.
El mensaje interpela en dos direcciones. A los vecinos, para que rompan el silencio que protege al delito. Y a las autoridades, para que desarrollen mecanismos de control e intervención acordes a una realidad que ya no puede leerse solo en los informes oficiales. La seguridad, sostienen desde los barrios, no empeora de golpe. Se degrada cuando la distancia entre lo que pasa y lo que se registra se vuelve demasiado grande. En Santa Fe, esa distancia ya forma parte del problema.
