En 10 segundos:
Qué pasó: prestadores y organizaciones convocaron a una nueva marcha en Rosario por la crisis del sistema de discapacidad.
Qué cambia desde hoy: el conflicto se profundiza con servicios suspendidos y movilizaciones públicas en la ciudad.
A quién le pega: a miles de personas con discapacidad que dependen de traslados y tratamientos para sostener su vida cotidiana.
Qué mirar ahora: si la protesta logra reactivar pagos atrasados o si el sistema continúa reduciendo prestaciones.
Rosario, 5 de marzo de 2026.
La Plaza 25 de Mayo volverá a ser escenario de una protesta que refleja una crisis que se viene acumulando desde hace meses en el sistema de atención a personas con discapacidad.
Este jueves, instituciones, profesionales, transportistas y familias convocaron a una nueva movilización en el microcentro rosarino para reclamar la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciar el deterioro del sistema de prestaciones.
La concentración está prevista para las 10.30 frente a la plaza central de la ciudad, con un reclamo dirigido al gobierno nacional. Las organizaciones que impulsan la convocatoria advierten que el esquema de financiamiento del sistema está en un punto crítico.
Según explican, el problema central es el atraso en los pagos a prestadores. De acuerdo con la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (Atraes), las prestaciones correspondientes a octubre de 2025 todavía no fueron abonadas.
Ese retraso afecta a un entramado amplio de servicios que incluye transporte adaptado, terapias, centros de día e instituciones educativas especializadas.
Cuando los pagos se interrumpen, la cadena de funcionamiento del sistema se resquebraja. Los transportistas no pueden cubrir los costos operativos, las instituciones dejan de percibir ingresos y los profesionales quedan sin cobrar por su trabajo.
La consecuencia inmediata aparece en la prestación de los servicios.
Según Atraes, más del 50 % de los traslados para personas con discapacidad ya no se están realizando en la provincia. El fenómeno no responde a una decisión planificada de suspensión, sino a lo que las organizaciones describen como un “cese involuntario”.
El término intenta describir una situación en la que los prestadores ya no pueden sostener la actividad por falta de financiamiento.
El transporte adaptado cumple un rol clave dentro del sistema de discapacidad. Para muchas personas, es el único medio posible para llegar a terapias, centros educativos o espacios de rehabilitación.
Cuando ese servicio se interrumpe, la vida cotidiana se vuelve más difícil de sostener. Familias que dependen de esos traslados se ven obligadas a reorganizar rutinas o directamente a suspender tratamientos.
Las organizaciones que convocan a la marcha advierten que ese escenario ya comenzó a instalarse en distintas ciudades de la provincia.
El conflicto no se limita al transporte. Las instituciones que brindan atención integral a personas con discapacidad también atraviesan una situación financiera delicada.
Las entidades nucleadas en la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) sostienen que la falta de pagos está generando deudas acumuladas y compromete el funcionamiento de los centros.
En algunos casos, las instituciones deben seguir prestando servicios sin haber cobrado por prestaciones realizadas meses atrás.
A ese problema se suma otro punto de conflicto: el valor del nomenclador que regula los aranceles del sistema.
Según denuncian las organizaciones, el esquema vigente no cumple con lo establecido por la ley y mantiene valores que no alcanzan para cubrir los costos actuales de funcionamiento.
La combinación de pagos atrasados y aranceles desactualizados genera una presión económica creciente sobre todo el sistema.
La movilización de este jueves busca visibilizar ese escenario. Las organizaciones planean realizar una asamblea abierta durante la concentración para discutir los próximos pasos del plan de lucha.
La consigna central de la convocatoria intenta ampliar el reclamo más allá del sector directamente afectado.
“La discapacidad es una causa de todos”, señalaron desde la organización de la protesta, invitando a la comunidad rosarina a acompañar la movilización.
Las marchas por la crisis del sistema de discapacidad se repiten en distintas ciudades del país desde el año pasado. El conflicto combina factores económicos, administrativos y políticos que se acumularon en los últimos meses.
En ese contexto, Rosario se convirtió en uno de los puntos donde el reclamo adquirió mayor visibilidad pública.
El centro de la ciudad vuelve a ser el lugar elegido para expresar un problema que atraviesa a miles de familias.
Detrás de los números que describen el sistema —prestaciones, aranceles, nomencladores— aparecen historias concretas de personas que dependen de esa red de servicios para sostener su vida cotidiana.
La pregunta que sobrevuela la movilización es cuánto tiempo más puede resistir el sistema sin que se recomponga la cadena de pagos.
Mientras tanto, cada nuevo atraso empuja a más prestadores a reducir servicios, generando un efecto dominó que termina impactando en quienes dependen de esos apoyos para estudiar, trabajar o acceder a tratamientos.
