En 10 segundos:
Qué pasó: dos ex comisarios fueron condenados por integrar una asociación ilícita dedicada a robos violentos
Qué cambia desde hoy: la causa suma condenas contra una red que operaba con recursos de la propia Policía
A quién le pega: a la institución policial, al sistema de controles internos y a las víctimas de los asaltos
Qué mirar ahora: los juicios pendientes contra otros exfuncionarios y civiles señalados en la investigación
Santa Fe, 29 de mayo de 2026. La escena que describe la causa tiene un peso institucional difícil de disimular: uniformes, móviles oficiales, armas reglamentarias y frecuencia policial puestos al servicio de una banda que entraba a viviendas bajo apariencia de procedimiento legal.
Gabriel Ernesto Lemos y Leonel Alejandro Almada, dos ex jefes policiales, aceptaron su culpabilidad en un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe. Lemos fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión efectiva como organizador de la asociación ilícita. Almada recibió 5 años y 6 meses como integrante.
La acusación del fiscal Ezequiel Hernández reconstruyó una estructura estable que actuó al menos entre 2020 y enero de 2023 en la capital provincial y zonas cercanas. El método repetía una lógica de poder: los integrantes llegaban vestidos como policías, simulaban allanamientos, reducían a las víctimas y robaban con violencia.
El punto más grave aparece en el uso de la autoridad. Para una víctima, un uniforme y un patrullero modifican la reacción inmediata. La duda inicial favorece al agresor. Esa ventaja fue parte del mecanismo delictivo.
Uno de los hechos ocurrió en Los Zapallos, donde una mujer de 79 años y un empleado fueron maniatados y amenazados para exigirles dólares. Según la Fiscalía, Almada estaba a unos 500 metros del lugar, dentro de un patrullero, brindando cobertura y escuchando la frecuencia policial.
Otro episodio se registró en la zona rural de Recreo. La banda simuló un operativo, robó dinero y teléfonos, obligó a una víctima a subir a la caja de una camioneta y la abandonó en el campo. Para la acusación, Lemos pasó antes por la comisaría local para condicionar la intervención del personal bajo su órbita.
La causa muestra una forma de criminalidad más corrosiva que el robo común. La violencia se apoyó en información interna, movilidad oficial y conocimiento del funcionamiento policial. La frontera entre prevención y delito quedó atravesada desde adentro.
Hernández sostuvo que la organización funcionaba de manera cooperativa. Algunos integrantes aportaban datos sobre posibles víctimas y horarios. Otros facilitaban armas, vehículos, precintos o cobertura. Esa estructura explica por qué el expediente acumula condenas contra policías y civiles.
Ya son más de siete los condenados vinculados a la red. Todavía quedan al menos cinco personas camino al juicio oral, entre exfuncionarios y civiles. La investigación conserva conexiones con el copamiento de la Subcomisaría 20° de Arroyo Leyes, ocurrido en noviembre de 2022.
La sentencia contra Lemos y Almada cierra una parte del expediente, aunque deja abierta la pregunta más incómoda para la fuerza: durante cuánto tiempo una banda pudo moverse con apariencia policial antes de que el propio sistema lograra desarmarla.
