Condenaron a Tadeo Alejo Azcurra, portero de la Macagno por abusar de una alumna

En 10 segundos:
Qué pasó: condenaron a Tadeo Alejo Azcurra por el abuso sexual de una alumna de 7 años de la escuela Monseñor Macagno.
Qué cambia desde hoy: el caso pasó de la etapa de juicio a una discusión probable sobre el monto de la pena.
A quién le pega: a la comunidad educativa, a la familia de la víctima y al sistema judicial santafesino.
Qué mirar ahora: los fundamentos del fallo y las posibles apelaciones de las partes.

Santa Fe, 4 de junio de 2026. La condena cerró una etapa, pero dejó abierta otra. El juez penal Lisandro Aguirre declaró culpable a Tadeo Alejo Azcurra, asistente escolar de la escuela Monseñor Macagno, y le impuso una pena de 9 años y 6 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por su rol dentro del ámbito educativo.

El fallo llegó después de seis jornadas de debate oral y público en los tribunales de Santa Fe. Por el juicio pasaron cerca de veinte testigos y la acusación sostuvo que el hecho ocurrió dentro del establecimiento, durante el horario escolar, cuando la víctima tenía 7 años y cursaba tercer grado.

La sentencia reconoce la responsabilidad penal de Azcurra, pero el monto de la pena quedó lejos de lo pedido por las partes acusadoras. La fiscal Jorgelina Moser Ferro había solicitado 15 años de prisión, mientras que la querella, representada por Agustina Taboada y Matías Pautasso, había pedido 18 años.

Esa diferencia transforma a los fundamentos del fallo en una pieza clave. Fiscalía y querella esperarán conocer los argumentos completos para definir si apelan. La defensa, a cargo de Santiago Banegas, había pedido la absolución y también se espera que lleve la condena a una instancia superior.

El caso se inició en abril de 2024, tras la denuncia realizada por la familia de la niña. Durante la investigación se incorporaron entrevistas en cámara Gesell, registros de seguridad del establecimiento y medidas periciales que fueron consideradas relevantes para sostener la acusación.

Más allá de la pena impuesta, el expediente deja una discusión sensible para las instituciones educativas: cómo se detectan, preservan y judicializan hechos de abuso cuando ocurren en espacios donde niñas y niños deberían estar bajo resguardo adulto. La fiscalía destacó la colaboración de la escuela durante la investigación, un dato que en este tipo de causas puede definir la posibilidad de reconstruir lo ocurrido.

Ahora el caso entra en un tramo menos visible y decisivo. La condena ya fue dictada. Lo que queda por delante es saber si la pena queda firme, si será revisada y qué lectura institucional deja una causa que atravesó a una comunidad escolar completa.

 

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