El ministro Farías dijo que el gobierno de Santa Fe no comparte el protocolo dictado por la Nación. Sostuvo que la salida de los conflictos debe ser negociada, buscando respetar el derecho a la protesta junto con el de circulación.
El ministro de Gobierno, Pablo Farías, señaló que la provincia no comparte el protocolo anti-piquetes dictado por la Nación, y que postula el criterio de extremar los recursos para “desactivar los conflictos a través de la negociación”, y dejar el uso de la fuerza sólo como última instancia.
En diálogo con El Litoral, el funcionario sostuvo que “acordamos la necesidad del establecimiento de pautas que logren poner en el mismo plano el derecho de protesta con la libre circulación. Queremos ser muy cuidadosos de no terminar en un escenario de represión”.
El ministro aseguró que la búsqueda de una salida dialogada a veces permite desactivar los cortes de ruta en forma rápida, y otras no tanto. Pero que en Santa Fe “no hay ninguna interrupción que se prolongue más allá de unas horas, nunca llegan a ser días”.
“Esto es algo que molesta, nos molesta a todos; sobre todo en vías que no tienen alternativas de circulación, como la Ruta 168 o el puente carretero a Santo Tomé. En estos casos es necesaria una acción rápida, en lo que seguramente iremos mejorando. Pero no podemos caer en la criminalización de la protesta o la represión”.
En tal sentido, Farías remarcó que “no estamos de acuerdo con el protocolo que la Nación fijó” y añadió que lo acordado por los ministros de las provincias, sobre la base de que este tipo de actuación corresponde a las jurisdicciones locales, es “establecer pautas y criterios para evitar que la situación se prolongue”.
Al respecto, no descartó la posibilidad de que tales parámetros se fijen a través de una ley de la Legislatura.
Pullaro dice no al ultimátum
El ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que la policía debe contar con una guía de actuación frente a las manifestaciones que interrumpen el tránsito en la vía pública.
“Entendemos -explicó- que es fundamental garantizar el derecho de protesta de algunos sectores de la sociedad, pero también es fundamental poder comprender que todo ciudadano de nuestro país tiene derecho a circular por las rutas, por las autopistas y por las calles”.
En este sentido, el funcionario sostuvo que Santa Fe adhirió al protocolo nacional bajo la premisa de que luego, cada una de las provincias dictará el suyo. La idea general del ministro de Seguridad es que haya “diferentes pasos a llevar adelante cuando existan protestas de este tipo”.
Indicó que las autoridades policiales “deberán informar inmediatamente al Ministerio de Seguridad y a Justicia, federal si es una ruta nacional, o provincial si es una calle o una ruta provincial” y buscar que “los manifestantes puedan dejar liberadas estas zonas”.
Como un paso posterior, habló de “coordinar con la Justicia” para entonces sí ver “qué acciones se toman”.
Pullaro diferenció el protocolo nacional anunciado por la ministra Patricia Bullrich de las instrucciones que dará a la policía. “Al menos en la provincia de Santa Fe vamos a trabajar este protocolo con el Ministerio Público de la Acusación y llegaremos a una resolución de cada uno de los conflictos”, prosiguió el ministro santafesino.
En relación a los plazos para el desalojo de los cortes aclaró: “En Santa Fe no vamos a tener un plazo establecido, entendemos que primero tenemos que dialogar, para que se pueda levantar este tipo de protesta, y como último recurso el uso de la fuerza pública para el desalojo”.
La policía, los fiscales, y su potestad para actuar
Desde el 21 de diciembre del año pasado, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se involucran en los conflictos sociales en base a un minucioso instructivo de actuación que elaboró el fiscal general, Julio de Olazábal.
En términos generales, instruye a los Fiscales a actuar ante la comisión de un delito o inicio de la comisión de un delito, no en la prevención. Se trata de que los fiscales puedan dirigir a la policía, en función judicial.
“Esto debe ser recordado por los fiscales a fin de no asumir tareas específicas de prevención del delito que son ajenas al MPA”, dice textualmente el instructivo. Es decir que aunque los fiscales tomen conocimiento de la existencia de un conflicto social o interpersonal, mientras no adquiera apariencia suficiente de delito, no tienen que implicarse en la búsqueda de una solución, amplía el documento.
Si hay delito, los fiscales ya tienen competencia para intervenir, iniciando la investigación preparatoria y dirigiendo a la policía en su sola función judicial. Y es más claro aún: “El MPA no dirige a la policía en función de Policía de Seguridad y, por tanto, ella no debería esperar órdenes suyas para actuar cuando le corresponda”.
Ahora bien, en el caso de que las fuerzas de seguridad no interrumpieran, cumpliendo con su deber, la comisión del delito en curso, aconseja a los fiscales solicitarlo al Tribunal de la Investigación Preparatoria, procurando una resolución pacífica de los conflictos penales. Y aconseja emprender una misión conciliadora, usar mediadores, resaltando que la preservación de la vida resultará siempre prioritaria.
