Pirola: “el proyecto apunta a fortalecer políticas de lucha contra la corrupción”

Durante la última sesión la Cámara de Senadores dio media sanción a distintos proyectos de Ley entre los cuales se destaca la iniciativa presentada por el senador Rubén Pirola que busca dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción, incentivando prácticas éticas en el sector privado, promoviendo la autorresponsabilidad empresaria y fomentando su colaboración en la detección, denuncia y persecución de estos delitos, procurando, a su vez, modificar la manera en que las empresas se relacionan con los funcionarios públicos con los que interactúan.

“Para lograr lo antes descripto es que propongo que nuestra provincia adhiera a la Ley Nacional Nº 27401 ya que ésta crea el marco legal del régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal”, explicó el Pirola.

La Ley Nº 27401 introduce un régimen penal aplicable a las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y tiene por objetivo dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción, incentivando prácticas éticas en el sector privado, promoviendo la autorresponsabilidad empresaria y fomentando su colaboración en la detección, denuncia y persecución de estos delitos.

Sistema de control
En los artículos 22 y 23 se implementó un sistema de control y supervisión, a través de los programas de integridad o compliance, los que se definen como “el conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos”, con un contenido mínimo representado por un código de conducta; existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público; realización de capacitaciones periódicas; canales internos de denuncia de irregularidades, abiertos a terceros; análisis periódicos de riesgos, etc.

Asimismo, el artículo 24, establece que la existencia de un Programa de Integridad adecuado conforme los artículos 22º y 23º de la Ley Nº 27401, condición necesaria para contratar con el Estado Nacional y mediante el Decreto Nº 277/2018.

“Entiendo necesario que en nuestra provincia se establezcan mecanismos y procedimientos similares en el ámbito de la contratación del Estado, como adhesión a dicha ley; como manera de demostrar también el compromiso provincial incorporar medidas de transparencia en el manejo de los fondos públicos, a través de obras y contratos”, Pirola.

 

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