La reforma jubilatoria en Santa Fe quedó oficialmente firme luego de que la Justicia provincial rechazara un recurso de apelación presentado por el bloque de diputados de Somos Vida. En una resolución emitida este miércoles, los jueces Eduardo Sodero, Carlos Depetris y Sergio Barberio, integrantes de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, determinaron que no existen fundamentos suficientes para suspender la aplicación de la ley sancionada el pasado 12 de septiembre.
El fallo, que consta de 27 páginas, desestima el pedido de medida cautelar planteado por Somos Vida. En el documento, los magistrados analizaron las circunstancias de la sanción de la ley, aprobada en una sesión legislativa que estuvo marcada por enfrentamientos y tensiones tanto dentro como fuera del recinto. Sin embargo, concluyeron que las objeciones planteadas no justifican la interrupción del proceso legislativo ni afectan la validez de la norma aprobada.
La decisión judicial consolida la reforma que impulsa cambios significativos en el sistema previsional de la provincia. La normativa, entre otros puntos, establece modificaciones en los aportes y beneficios jubilatorios con el objetivo declarado de equilibrar el déficit de las cajas provinciales. A pesar de esto, la ley generó un fuerte rechazo de sectores sindicales y políticos que consideran que atenta contra los derechos adquiridos por los trabajadores y jubilados.
El bloque de Somos Vida había fundamentado su apelación en supuestas irregularidades durante el proceso de aprobación de la ley. En su pedido, señalaron que las condiciones en las que se desarrolló la sesión legislativa no garantizaban el análisis adecuado de la reforma y que los incidentes registrados en las afueras del recinto reflejaban un clima de falta de consenso social. Además, cuestionaron que la ley no contemple medidas para evitar un impacto negativo en los derechos de los futuros jubilados.
No obstante, los jueces resolvieron que los argumentos presentados no configuran motivos suficientes para frenar la vigencia de la normativa. En el escrito, recalcaron la importancia de garantizar la seguridad jurídica y permitir la aplicación de una ley que, al haber sido sancionada por la Legislatura provincial, cumple con los requisitos constitucionales y legales.
Con este fallo, el gobierno de Santa Fe queda habilitado para avanzar en la implementación de la reforma, mientras que los opositores evalúan nuevas estrategias legales y políticas para revertir sus efectos. En tanto, gremios y organizaciones sociales anuncian movilizaciones en rechazo a lo que consideran un ajuste perjudicial para los trabajadores.
La resolución marca un nuevo capítulo en la polémica generada por la reforma jubilatoria, que continúa siendo objeto de debate tanto en el ámbito político como entre los sectores afectados. Por ahora, la ley es firme y su aplicación avanza, mientras persisten las tensiones entre quienes la defienden como una solución fiscal necesaria y quienes la cuestionan por su impacto social.
