En 10 segundos:
Qué pasó: dos policías de la Comisaría 8a fueron imputados por exacciones ilegales agravadas
Qué cambia desde hoy: la investigación expone una posible maniobra organizada dentro de una dependencia policial
A quién le pega: a la víctima, a la institución policial y al sistema de control interno
Qué mirar ahora: la audiencia de cautelares del viernes y el posible rol de un tercer funcionario
Santa Fe, 29 de abril de 2026.
La escena que investiga la fiscalía tiene una gravedad particular: una víctima que entró a una comisaría buscando despegarse de un problema terminó, según la acusación, atrapada en una maniobra construida por quienes debían recibir su denuncia.
Dos policías que prestaban servicio en la Comisaría 8a de Santa Fe fueron imputados este martes por exacciones ilegales agravadas. La audiencia se realizó en tribunales, ante el juez Leandro Lazzarini, con intervención del fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.
El caso se originó con una moto. La víctima, un joven que tiempo atrás había entregado el vehículo como parte de pago por una deuda, sospechó después que el rodado podía haber sido usado en un robo. Con esa preocupación llegó a la seccional. Según la hipótesis fiscal, allí uno de los policías le sugirió denunciar el robo para evitar quedar vinculado al hecho.
Ese primer paso habría sido la trampa. El joven firmó un papel sin leerlo completo porque, según relató, estaba doblado. A partir de esa denuncia, los agentes tomaron un patrullero de la dependencia y viajaron hasta Sauce Viejo, donde recuperaron la moto en un procedimiento que la fiscalía considera irregular.
La maniobra avanzó días después. Los policías habrían convocado al joven para entregarle el vehículo y, en ese momento, le exigieron un millón de pesos. El dinero, de acuerdo con la acusación, funcionaba como condición para devolverle la moto y para evitar que quedara detenido por la denuncia que ellos mismos le habían indicado hacer.
La víctima llevó el caso a Asuntos Internos. Desde allí se organizó una entrega controlada: se reunieron billetes por un millón de pesos, se registró la numeración de cada uno y se documentó el pago. El viernes 24 de abril, el joven ingresó a la comisaría, entregó el dinero y luego hizo una seña previamente acordada al salir de la seccional.
Ese gesto activó el operativo. Personal de Asuntos Internos irrumpió en la dependencia, recuperó el dinero marcado y detuvo a los dos policías que lo habían recibido.
Para la fiscalía, el dato del patrullero usado para ir hasta Sauce Viejo refuerza la hipótesis de planificación. Según explicó Hernández, se trataba de un móvil viejo, sin GPS, lo que abre una línea de investigación sobre la preparación previa del movimiento.
Los imputados, identificados por sus iniciales G. L. N. y P. E. P., enfrentarán el viernes una audiencia de medidas cautelares. El Ministerio Público de la Acusación pedirá la prisión preventiva. La causa, además, mantiene abierta la posibilidad de un tercer funcionario policial involucrado.
El expediente deja una señal incómoda para la fuerza: cuando una denuncia se convierte en herramienta de presión, el problema excede a dos agentes. La investigación deberá definir si se trató de una maniobra acotada o de una práctica con más ramificaciones dentro de la propia dependencia.
