En 10 segundos:
Qué pasó: policías de la PAT torturaron a detenidos, entraron ilegalmente a una casa y se llevaron cocaína, dinero y objetos de valor.
Qué cambia desde hoy: un nuevo efectivo reconoció delitos y recibió una condena de ocho años de prisión.
A quién le pega: a la credibilidad de la Policía provincial y al discurso oficial de control del delito.
Qué mirar ahora: cuánto de este caso fue una banda aislada y cuánto revela prácticas internas toleradas durante años.
Santa Fe, 20 de mayo de 2026. El caso empieza con una escena que debería encender todas las alarmas institucionales: policías de la fuerza provincial santafesina torturando a dos detenidos para obtener un dato, usando esa información para entrar sin orden judicial a una vivienda y robando cocaína, dinero y objetos de valor.
Según la acusación federal, el 13 de agosto de 2024, efectivos de la Policía de Acción Táctica intervinieron primero en Jean Jaurès al 5500, en barrio Triángulo, donde dos hombres habían sido aprehendidos con un ladrillo de cocaína. Allí, los agentes aplicaron golpes, descargas eléctricas y amenazas para que señalaran el domicilio de un supuesto proveedor.
Con ese dato, el grupo se dirigió a una casa de Forest al 5600, en barrio Azcuénaga. Ingresaron sin orden judicial, redujeron a tres adultos y retuvieron también a dos menores durante casi una hora. Del lugar se llevaron, según el expediente, al menos 15 ladrillos de cocaína, armas, cuchillos de colección, mercadería y unos 6 mil dólares.
La gravedad del hecho supera el robo. El procedimiento fue presentado luego como si hubiera sido legal. La investigación sostiene que los policías falsificaron el acta para justificar el ingreso al domicilio y encubrir lo que había ocurrido. El Ministerio Público Fiscal pidió la invalidez del procedimiento por violación de la garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio.
El nombre central de esta parte del expediente es Guillermo David Toledo, suboficial de 35 años de la PAT. La Fiscalía lo ubicó como uno de los líderes del grupo que ingresó a la vivienda. Testimonios incorporados a la causa lo señalan dando órdenes sobre qué buscar, qué llevarse y qué dejar para simular un secuestro legal.
El dato político pesa porque el caso involucra a la Policía de Pullaro: una fuerza provincial que el gobierno presenta como herramienta central de su política de seguridad. La causa muestra el reverso más corrosivo de ese esquema, agentes estatales usando uniforme, móviles, información y autoridad pública para torturar, robar droga y construir una versión falsa del operativo.
La investigación también detectó que parte de la cocaína sustraída habría sido vendida luego en la ciudad de Santa Fe con participación de otros policías y civiles. La frontera entre persecución del delito y participación en el negocio narco quedó atravesada desde adentro del propio aparato policial.
Los fiscales federales incorporaron audios donde se describían prácticas abusivas dentro de la PAT. En una conversación, Toledo hacía referencia a “las indiadas” cometidas durante guardias y hablaba de violencia policial como método. En otro intercambio con su esposa, envió la imagen de un palo y lo presentó como “el evangelio según San Guillermo”. Al día siguiente, ante una consulta sobre lo ocurrido durante la noche, respondió que habían “predicado la palabra casi hasta el amanecer”.
Toledo fue condenado a ocho años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta. Ya había otros seis policías condenados en procedimientos abreviados dentro de la misma causa. La sentencia cierra una etapa judicial, aunque deja abierta una pregunta más amplia para Santa Fe: qué controles reales existen sobre una fuerza que, en este expediente, actuó como poder armado, grupo de choque y banda delictiva al mismo tiempo.
