La Sala 6 de la Cámara Nacional hizo lugar a un habeas corpus y le pidió al Congreso eliminar los DNU firmados y reemplazarlos por leyes.
La mayoría oficialista del Senado se impuso en la Comisión de Asuntos Constitucionales para rechazar una resolución judicial que le dio al Congreso un plazo de 15 días para sancionar una ley que reemplace los decretos presidenciales firmados por el presidente Alberto Fernández para aplicar restricciones de circulación por el aumento de casos de Covid-19.
«Mediante los últimos DNU, el Poder Ejecutivo Nacional ha limitado la libertad ambulatoria de las personas en todo el territorio nacional; es decir, el Presidente de la Nación ha vulnerado, a través de sus medidas restrictivas, un derecho constitucional fundamental: el de circular libremente», señala el fallo.
Durante una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la santafesina María de los Ángeles Sacnun, los senadores del Frente de Todos consideraron que la decisión judicial desconoce la división de Poderes establecida por la Constitución Nacional y que los jueces se «extralimitaron» en sus funciones al intentar modificar de hecho el procedimiento de creación y sanción de las leyes.
Además, enviaron las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que analice el proceder de los jueces y adopte las medidas que se consideren convenientes. Cambiemos no estuvo de acuerdo, por considerar que la respuesta por escrito no corresponde, según explicaron Ernesto Martínez, Laura Rodríguez Machado y la radical Silvia Giacoppo.
La decisión polémica fue tomada el viernes por la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Ciudad, que hizo lugar a un Habeas Corpus presentado por un abogado contra los DNU presidenciales que disponían restricciones de circulación en el AMBA por el aumento de casos de Covid-19.
Se trata de la decisión firmada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y de la jueza Magdalena Laiño, integrantes de la referida Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.
Sacnun dijo que no sólo exhortaba al Senado y al Poder Ejecutivo para que, en un plazo quince días, se sancionara «una norma, un proyecto de ley» sino que además imponía «cuáles son los parámetros» a establecer y tratar.
«Estos jueces han modificado el proceso de formación y sanción de la leyes, a través de una sentencia. Una no puede menos que preguntarse si algunos jueces realmente han aprobado las materias de primer año de la facultad de Derecho», señaló.
Estos jueces han modificado el proceso de formación y sanción de la leyes, a través de una sentencia. Una no puede menos que preguntarse si algunos jueces realmente han aprobado las materias de primer año de la facultad de Derecho.
Y enumeró que, además de conminar al PEN a la redacción del proyecto y de poner un plazo al Poder Legislativo, «lo hicieron a través de un Habeas Corpus, con la importancia y relevancia que tiene este instituto jurídico en la historia de la República Argentina, después de la dictadura militar», completó.
Por eso, insistió en «rechazar enfáticamente esta orden con plazo de quince días» y «reafirmar la plenitud de las atribuciones constitucionales que tenemos como Poder Legistivo», así como «la vigencia de la Ley 26.122, que es reglamentaria de los Decretos de Necesidad y Urgencia».
Fernández Sagasti consideró como «algo sumamente positivo» que la oposición haya coincidido con el oficialismo en no avalar que «estos tres jueves intimaran al Congreso de la Nación que legisle en quince días», pero se manifestó en desacuerdo en que el tema no sea discutido en el Congreso, como propusieron algunos de los opositores que hablaron en la reunión, realizada esta noche en forma telemática.
«Estos señores magistrados y la señora magistrada se han extralimitado por decirlo de manera decorosa», remarcó la vicepresidenta del bloque FdT. Y opinó que «este tipo de aberraciones jurídicas, y me animaría a decir política, no la podemos dejar pasar».
Luego, advirtió que, si no se da una respuesta contundente, «puede haber un tipo de contagio para que algún otro juez intente indicarle al Congreso de la Nación cuándo y cómo debe legislar». En sintonía se expresaron los senadores Leavy y Néder, quien apuntó que «esta falta de respeto al Congreso no debe ser archivada».
El rionegrino Martín Doñate estimó como «muy importante que esta comisión trate con celeridad el tema por la gravedad» y calificó como «disparatada esta resolución de exhortar al Parlamento argentino en un término de quince días sancione una ley. La verdad que daría para la risa, si no fuera tan grave», opinó.
«No hay que descontextualizar el tema de lo que hemos recibido de algunos magistrados en los últimos tiempos. Esto no es un error desafortunado, es un mecanismo que un grupo de jueces, de un sector de la justicia argentina, comienza a tener para con los representantes de pueblo argentino elegidos en elecciones democráticas», explicó el legislador patagónico.
La correntina Almirón entendió que el tribunal «se excedió en el uso de sus competencias y de sus decisiones». Dijo que el fallo ordenaba a los legisladores «cuál es el ámbito de aplicación, en qué tenemos que trabajar, sobre qué normas tenemos que trabajar, y, peor aún, estableciendo fecha límite para que sancionemos una norma».
Mientras que el pampeano Daniel Lovera calificó de «alocada y disparatada extralimitación» la resolución judicial y alertó: «No podemos dejarlo pasar como si no hubiese pasado», al indicar sobre la posibilidad de que este tipo de actitudes se puedan volver habituales en algunos jueces.
De esa manera, el bloque del Frente de Todos dio un mensaje contundente a los magistrados que intentan desconocer la división de poderes y las atribuciones constitucionales del Congreso de la Nación.
