La propuesta para crear una fuerza policial especial la realizará el Colegio de Magistrados ante el Ejecutivo provincial y la Corte Suprema. “Es necesario brindar un tipo de respuesta distinta a la que se viene dando hasta ahora”, dijo el presidente del Colegio, Ariel Ariza, en cuanto a la protección de funcionarios que recibieron amenazas por sus investigaciones.
El Colegio de Magistrados de Santa Fe propondrá al gobierno y a la Corte Suprema de Justicia de esta provincia la creación de una fuerza policial especial dedicada a la protección de jueces y fiscales contra amenazas e intimidaciones provenientes de bandas delictivas organizadas, informó hoy la organización.
El titular de la entidad, Ariel Ariza, explicó que la propuesta se origina en “el sentir de nuestros asociados” y que será presentada ante la Corte Suprema y el gobierno santafesinos.
“Es necesario brindar un tipo de respuesta distinta a la que se viene dando hasta ahora”, sostuvo Ariza en cuanto a la protección de magistrados y fiscales que recibieron amenazas por sus investigaciones.
El funcionario judicial agregó que la fuerza especial sería de utilidad para cuando “hay de por medio una causa que tiene ribetes delictivos específicos y que tiene de por medio a alguna organización (delictiva) con recursos económicos”.
Ariza señaló que “hemos notado que se dan hechos inéditos que en otras circunstancias no ocurrían” y mencionó las escuchas telefónicas conocidas el año pasado en la que un policía detenido y un preso hablaban sobre un presunto plan para matar a un juez o un fiscal de Rosario. Reveló que hubo otros casos de amenazas e intimidaciones a operadores judiciales a fines del año pasado, también en causas vinculadas al narcotráfico y a la criminalidad organizada.
“La idea es que tiene que haber un sistema integral de cobertura para todos aquellos que están convocados a aportar a que una investigación pueda llegar a un buen resultado”, dijo el presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe.
Según su mirada, los integrantes de esta fuerza policial especial deben ser “personas que se capaciten, con un profesionalismo específico para dar garantías al proceso”. “Cuando se toma a un personal que está trabajando en una comisaría y se lo afecta a una custodia, no deja de ser temporario y la respuesta es superficial”, consideró Ariza.
En esa línea, agregó que “no ayuda mucho a frenar un intento de condicionar” la actuación de jueces y fiscales.
