Las universidades nacionales confirmaron un paro de 72 horas, del 12 al 14 de noviembre, en rechazo a la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada el 21 de octubre. El reclamo, encabezado por los gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina, apunta al corazón del ajuste del gobierno de Javier Milei: el presupuesto educativo.
El conflicto se inscribe en una crisis prolongada del sistema universitario. Según Ileana Celoto, secretaria general de AGD–UBA, el Ejecutivo adeuda un 44 % de aumento ya previsto por ley. “Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública”, advirtió. En paralelo, Pilar Barbas (FUA) acusó al Gobierno de haber decidido “el desfinanciamiento deliberado” y de sostener un discurso fiscalista mientras “se abandona la educación y la salud públicas”.
Los gremios alertan que el deterioro salarial empuja a muchos docentes a reducir horas o abandonar sus cargos. En varias facultades, parte del plantel trabaja ad honorem. “Estamos defendiendo a la universidad de convertirse en una cáscara vacía”, resumió Celoto.
El trasfondo político es más amplio. La norma fue aprobada con votos de casi todo el arco opositor y parte del oficialismo, pero su aplicación depende del Ministerio de Economía, que mantiene congeladas las partidas. La omisión, según especialistas en derecho constitucional, podría configurar incumplimiento legal.
El paro de esta semana buscará visibilizar ese conflicto de fondo: si una ley votada por el Congreso puede ser ignorada por decisión administrativa, el equilibrio entre poderes queda en cuestión. Lo que está en juego no es solo un aumento, sino la vigencia misma del contrato institucional que sostiene a la educación pública argentina.
