La decisión fue simultánea y tuvo un detonante concreto. Cuatro médicos de la división de Medicina Legal de la Unidad Regional I La Capital presentaron su renuncia luego de constatar el estado del edificio al que fue trasladado el servicio, en la Comisaría 8ª del barrio Guadalupe. El diagnóstico fue unánime: el inmueble no reúne condiciones mínimas para el ejercicio profesional.
La medida se produjo tras una orden que dispuso el cierre de la sede que funcionaba en la Comisaría 1ª y su relocalización en el nuevo espacio. Durante una recorrida interna, los profesionales detectaron deficiencias graves vinculadas a la higiene, la infraestructura y la disponibilidad de ambientes adecuados para la atención médica y pericial.
Según expresaron, el edificio carece de sanitarios en condiciones, no cuenta con una cocina apta, presenta problemas de climatización y exhibe un deterioro general que consideraron incompatible con los estándares éticos y técnicos que exige la medicina legal. La situación fue evaluada como un límite profesional difícil de soslayar.
Los médicos que formalizaron su dimisión son Damián Soria, María Fernanda Lemercier, Alejandro Serra y Lucrecia Galizzi. La salida conjunta tuvo un impacto inmediato en el funcionamiento del área: el servicio quedó con apenas tres médicos de planta y un jefe, cuando históricamente la dotación rondaba los diez integrantes.
La reducción no es solo numérica. Medicina Legal cumple un rol clave en el sistema de seguridad y justicia, desde pericias hasta certificaciones que impactan en causas judiciales y administrativas. Con menos de la mitad del personal habitual, la capacidad operativa queda seriamente comprometida.
El episodio expone una tensión que excede el caso puntual. El traslado de dependencias sin condiciones edilicias adecuadas no solo afecta a los trabajadores, sino que termina repercutiendo en el funcionamiento del Estado y en servicios sensibles para la comunidad. En este contexto, la renuncia de los profesionales aparece menos como un gesto individual y más como una señal de alerta institucional.
