En 10 segundos:
Qué pasó: un policía de San Cristóbal quedó en prisión preventiva por amenazas reiteradas.
Qué cambia desde hoy: la causa avanza con el efectivo privado de la libertad durante dos meses.
A quién le pega: a la fuerza policial y al control judicial sobre sus propios integrantes.
Qué mirar ahora: si la investigación consolida las pruebas por violencia familiar y de género.
San Cristóbal, 14 de junio de 2026. Un efectivo policial fuera de servicio puede seguir representando un riesgo institucional cuando conserva autoridad, acceso a un arma y capacidad de intimidación. Esa fue la lectura que terminó pesando en la audiencia.
Un policía de 36 años quedó en prisión preventiva por 60 días, acusado de protagonizar una serie de amenazas en distintos puntos de San Cristóbal durante una misma jornada. La medida fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria Juan Gabriel Peralta, a pedido de la fiscal Hemilce Fissore.
Según la acusación, el imputado primero amenazó a un vecino con agredirlo físicamente y dispararle con su arma reglamentaria. Más tarde, en el club Independiente de San Cristóbal, habría insultado e intimidado a un periodista delante de niños que estaban en el lugar.
La secuencia más grave aparece en el tramo familiar. La Fiscalía sostuvo que el efectivo envió mensajes ofensivos e intimidantes a su expareja y luego fue hasta su casa, donde también estaba el hijo menor de edad de ambos. Allí, según la investigación, adoptó una actitud de hostigamiento y luego discutió y agredió a familiares que intentaron evitar una escalada.
El punto institucional de la causa quedó marcado por una frase de la fiscalía: un policía lo es durante las 24 horas. La condición de funcionario, la autorización para portar arma y la reiteración de hechos en una misma jornada fueron considerados elementos relevantes para sostener la cautelar.
El juez también valoró el riesgo de entorpecimiento probatorio, especialmente por el contexto de violencia de género denunciado por la expareja. Por ese motivo descartó alternativas a la prisión preventiva.
Al imputado se le atribuyen amenazas reiteradas en dos oportunidades y amenazas calificadas cometidas en un contexto de violencia familiar y de género. La causa ya dejó de ser un episodio individual y pasó a medir la respuesta judicial ante conductas violentas dentro de la propia fuerza.
