Empalme Graneros: el portero quedó preso y las madres exigen que la causa avance sin dilaciones

En 10 segundos
Qué pasó: imputaron y dictaron prisión preventiva por 90 días al portero del jardín Nº 261 de Empalme Graneros.

Qué cambia desde hoy: la causa entra en una etapa de producción de prueba con el acusado detenido.

A quién le pega: a las familias denunciantes, a la comunidad educativa y al sistema de protección infantil.

Qué mirar ahora: los resultados de las pericias y la posible incorporación de más denuncias.

Rosario, 18 de junio de 2026. La audiencia dejó una primera respuesta judicial para las familias del jardín Nº 261 de Empalme Graneros, pero también abrió una etapa más delicada: transformar los relatos, las pericias y las nuevas denuncias en prueba suficiente para sostener la acusación.

El portero de la institución, un hombre de 55 años identificado con las iniciales R. L., fue imputado por presuntos delitos contra la integridad sexual de alumnos del establecimiento y quedó en prisión preventiva por 90 días por decisión del juez Rafael Coria.

Madres y familiares de los chicos participaron de la audiencia y valoraron la medida como un paso necesario para resguardar la investigación. También destacaron el trabajo de la fiscal Antonela Valente, que llevó adelante la acusación.

El reclamo de las familias quedó concentrado en una frase que se repitió después de la audiencia: “Los niños no mienten, queremos justicia”. Para las madres denunciantes, la prisión preventiva permite avanzar con mayor tranquilidad en la recolección de pruebas y evitar riesgos durante esta etapa del proceso.

La declaración del acusado, realizada por videollamada, generó fuerte rechazo entre las familias. Una de las madres sostuvo que el portero intentó desmentir la voz de las víctimas, mientras otras lo acusaron de manipular su defensa y de buscar apoyos institucionales para mejorar su situación procesal.

El caso todavía no está cerrado. Las familias esperan los resultados de las pericias y la incorporación de otras denuncias que podrían ampliar el alcance de la investigación.

Uno de los puntos que más pesa en el relato de las madres es la coincidencia entre chicos que, según expresaron, no se conocían entre sí o no habían compartido espacios directos. Para las denunciantes, ese elemento refuerza la necesidad de que la investigación avance con máxima rigurosidad.

La causa concentra ahora una doble exigencia: preservar a los niños y garantizar una investigación judicial sólida. En una comunidad educativa atravesada por el impacto del caso, los próximos 90 días serán decisivos para definir si la acusación se fortalece con nuevas pruebas.

 

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