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Qué pasó: un policía que presta funciones en los tribunales de Santa Fe quedó en prisión preventiva por delitos sexuales contra siete sobrinos.
Qué cambia desde hoy: la investigación avanza con el acusado detenido y bajo análisis de nuevas evidencias secuestradas en allanamientos.
A quién le pega: a las víctimas, al entorno familiar involucrado y al propio sistema judicial donde el imputado desarrollaba funciones.
Qué mirar ahora: si aparecen nuevas denuncias y cómo evoluciona la investigación sobre hechos ocurridos durante casi veinte años.
Santa Fe, 18 de junio de 2026. La prisión preventiva dispuesta esta semana tiene un elemento que excede la gravedad de las acusaciones. El hombre imputado no solo está señalado por una serie de abusos sexuales cometidos contra integrantes de su propia familia. También se desempeñaba como policía dentro de los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Ese dato fue uno de los argumentos centrales utilizados por la Fiscalía para solicitar la medida cautelar más severa. Según expusieron los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, el acusado podía mantener contacto con niños, niñas y adolescentes en el marco de tareas vinculadas al funcionamiento cotidiano del edificio judicial, incluyendo instancias relacionadas con entrevistas en cámara Gesell.
El imputado, identificado como Ricardo Mauricio L., de 41 años, quedó acusado por delitos contra la integridad sexual de siete víctimas, cuatro varones y tres mujeres, todos sobrinos suyos.
De acuerdo con la investigación, los hechos habrían comenzado a mediados de la década de 1990 y se habrían extendido hasta 2014. La Fiscalía sostuvo que algunas de las víctimas atravesaron situaciones de abuso reiteradas durante años y desde edades muy tempranas.
Los investigadores describieron además un esquema de manipulación prolongado, mediante el cual el acusado habría generado mecanismos de confusión, culpabilización y silencio que dificultaron durante años la posibilidad de denunciar lo ocurrido.
Hoy todas las víctimas son adultas. Sin embargo, durante la audiencia la Fiscalía remarcó el fuerte impacto emocional que los hechos continúan produciendo y las dificultades que muchos de ellos enfrentaron para relatar lo sucedido ante la Justicia.
La causa, además, podría no estar cerrada en cuanto al número de víctimas. Durante la audiencia se informó que el Ministerio Público de la Acusación continúa analizando material secuestrado en allanamientos recientes y no descarta la aparición de nuevos casos vinculados al imputado.
Otro punto de discusión fue el planteo de la Defensa respecto de la prescripción de los hechos. El juez Nicolás Falkenberg entendió que al menos uno de los episodios investigados se encuentra alcanzado por los alcances de la denominada Ley Piazza, que permite a víctimas de abusos sufridos durante la niñez denunciar una vez alcanzada la mayoría de edad.
Esa interpretación permitió sostener la vigencia de la acción penal y avanzar tanto con la imputación como con el dictado de la prisión preventiva.
Las acusaciones atribuidas incluyen abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual simple agravado y promoción a la corrupción de menores agravada, siempre bajo el agravante de haber ejercido funciones de guarda sobre las víctimas al momento de los hechos.
La investigación entra ahora en una etapa decisiva. Además de determinar responsabilidades penales, la causa deberá establecer si detrás de las siete denuncias ya formalizadas existen otros episodios que todavía no llegaron a conocimiento de la Justicia.
