El gobierno puso en marcha ayer una transición al Salario Social Complementario. Quienes están en programas de empleo del Ministerio de Trabajo serán reencuadrados bajo el régimen de la Ley de Emergencia Social.
El gobierno dio el primer paso para la implementación de Salario Social Complementario (SSC), previsto por la mentada ley de Emergencia Social: ayer formalizó el pago de $4 mil para unos 18 mil trabajadores de la economía popular.
Para los movimientos sociales, en tanto, resulta un “avance” pero advierten que muchos de los beneficiarios son los mismos que “habían dejado de cobrar hacía algunos meses” y además deslizan diferencias con el oficialismo en cuanto al número final que abarcará el registro de trabajadores previsto por la norma sancionada a fines de 2016.
Ayer se publicó en el Boletín Oficial el Programa de Transición al Salario Social Complementario, que implementa medidas de apoyo destinadas a los trabajadores incluidos en acciones o planes de empleos relacionados con la economía popular.
La resolución señala que los destinatarios del programa “percibirán en forma directa y diferenciada una ayuda económica no remunerativa de 4000 pesos para su disponibilidad a través de una tarjeta magnética”.
Serán beneficiarios “aquellos trabajadores que finalicen o finalizaran luego de la entrada en vigor de la ley 27.435 (anterior a la de Emergencia Social) su participación en algunas de las líneas de asistencia económica individual del programa Trabajo Autogestionado, en el programa Construir Empleo o en acciones especiales implementadas por el Ministerio de Trabajo orientadas a sectores de la economía popular”.
El programa, enmarcado en la Emergencia Social que el gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 con la citada ley, excluye a aquellos que perciben una remuneración proveniente de un contrato laboral bajo relación de dependencia, prestaciones contributivas por desempleo y previsionales y ayudas económicas provenientes de planes de empleo.
Desde la cartera laboral deslizan que en primer término el pago del beneficio alcanzará a 18 mil integrantes de organizaciones sociales pero que esa cifra podría ampliarse a 50 mil en los próximos meses.
“La gran mayoría participó o participa de planes sociales” y en paralelo se desarrolla “el proyecto empalme” por el cual el gobierno se compromete a pagar ese monto como parte del sueldo a aquellas empresas que se decidan contratar a beneficiarios: “es pasar del asistencialismo a la formalidad”, precisan.
