Es el titular del sindicato de obreros marítimos; lo acusan de entorpecer la salida de los buques para extorsionar a las empresas navieras; lo embargaron por $ 5 millones y se lo investiga por sus bienes
Por Hernán Cappiello | LA NACION
El embajador Valdés; el gobernador Beder Herrera; Moreno; Maradona y el «Caballo» Suárez, en septiembre pasado en Roma. Foto: Archivo
Enrique Omar Suárez, el líder del gremio de los marineros, decide sobre todo lo que flota. Pero las determinaciones del sindicalista preferido de Cristina Kirchner, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, le valieron quedar procesado.
Esta vez por ordenar en seis ocasiones a sus marineros que no remolcaran o impidieran la navegación de gigantescos buques portacontenedores de casi 300 metros, o enomes barcos cargados con más de 8 millones de litros de combustible, con el consiguiente peligro para la navegación, los buques y la seguridad del puerto.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral fue quien dictó el procesamiento del «Caballo» Suárez por entorpecer los medios de transporte, y embargó sus bienes hasta la suma de 5 millones de pesos. Suárez es el gremialista a quien Cristina reconoció como «uno de sus favoritos», en el cierre de la feria comercial que el ex secretario Guillermo Moreno organizó en Angola, en mayo de 2012.
El juez también procesó a Rigoberto Reymundo Suárez Cardoso, secretario de Sección Cubierta del SOMU y colaborador estrecho de Suárez, y a Jorge Agustín Vargas, secretario de Relaciones Laborales del gremio. Ambos son la voz de Suárez para transmitir sus directivas. Sus bienes quedaron embargados por 3 millones de pesos.
Vargas tiene con qué afrontar los embargos : es uno de los directores de San Jorge Marítima SA, una firma de remolcadores. Los barcos los compró el «Caballo» Suárez a precio de remate a la empresa Smit, que se tuvo que retirar del mercado boicoteada por el SOMU, que no le brindó tripulación.
Suárez es dueño de un holding de empresas, es accionista de Maruba, la única empresa naviera argentina, otra firma suya es dueña de un campo de 56 hectáreas en Monte Caseros, Corrientes, donde Suárez construye su mansión. En Península Valdés, el sindicato es dueño de una estancia de 17.000 hectáreas que no está abierta al uso de los afilados.
Su vida de millonario hizo que la Justicia lo investigue ahora acabadamente, pues tras una intervención de la Cámara Federal para ordenar las investigaciones en marcha, se acumularon en el juzgado de Canicoba Corral decenas de causas contra el sindicalista.
Canicoba ya tiene acumuladas 20 denuncias más de otros barcos a los que se les impidió navegar, y además cuenta con investigaciones en marcha que señalan que Suárez presionó a las navieras para reclamarles dinero y que lo depositaran en una fundación del gremio.
Los barcos de las navieras que no depositaban la plata terminaban paralizados en los puertos, ante la negativa de los marineros para hacer maniobras que les permitan navegar.
El problema trascendió a la Argentina y generó denuncias diplomáticas ante Uruguay. En un caso de 2012, el SOMU exigió ilegalmente a la empresa Sedaril, armadora del buque Platense que contratara 3 o 4 tripulantes del sindicato por 35.000 dólares, y que esa plata se la debían pagar al gremio.
Los uruguayos se negaron debido a que los buques uruguayos deben contar con tripulación uruguaya. Ante la negativa, el SOMU ordenó que no se remolcara al buque cuando pretendió ingresar el 29 de febrero de 2012 en el puerto de Buenos Aires. El capitán ordenó regresar con el barco a Montevideo para no poner en peligro la nave, la carga y la tripulación. También hubo problemas con Paraguay porque no remolcaban los buques de ese país.
En esta causa, el juez probó que Suárez ordenó que los remolcadores Conquistador y Yagan, el 15 de abril de 2012, no ataran cabos al buque portacontenedores Kota Lawa, de 260 metros de largo, mientras los remolcadores se dirigían a asistir al buque que quedó en el canal de acceso al puerto sin posibilidad de ser auxiliado para atracar.
Esos barcos no pueden detenerse en el canal porque lo obstruirían, ni dar la vuelta porque son inmensos y se dañaría el buque y el propio canal. Prefectura Naval les ordenó a los marineros de los remolcadores que acomodaran el barco, pero se negaron. Finalmente pudo atracar por sus medios con el consiguiente peligro para la carga y la navegación. Lo mismo ocurrió con un buque y una barcaza de bandera uruguaya de 180 metros con 410 contenedores.
Suárez también dejó sin remolque al barco CT Wicklow (una estación de servicios flotante) que debía llevar en 2013 dos millones de litros de fueloil de YPF para abastecer los barcos Drim, Fila, Navíos Arc y Nordexpress que esperaban en aguas abiertas. El combustible no llegó.
También impidieron que siguieran viaje dos barcos con fueloil que habían partido de Zárate y se dirigían a Dock Sud. Uno de ellos llevaban más de 5 millones de litros de combustible. Estaban amarrados en el Paraná de las Palmas y debían llevar el combustible para las usinas eléctricas de Cammesa.
Pero los marineros se negaron a zarpar por orden del SOMU y estuvieron allí anclados cinco días. Lo mismo ocurrió el 22 de agosto de 2013, cuando los marineros del SOMU a bordo del BT Plata no quisieron zarpar desde el Paraná de las Palmas. El barco de 108 metros de largo iba a Zárate a cargar combustible para las usinas de Cammesa. Estuvieron cinco días así.
OTROS DIRIGENTES BAJO SOSPECHA
Hay más sindicalistas que afrontan causas judiciales
Hugo Moyano
Camioneros
Es investigado por la causa de los medicamentos adulterados, además de afrontar otro proceso por la red de empresas familiares que mantiene negocios con el sindicato de los camioneros
Carlos Quintana
UPCN
El dirigente estatal, de estrecha relación con Daniel Scioli, está procesado por «tentativa de lavado de activos y contrabando» de dólares. En 2011 intentó sacar del país más de 45.000 dólares. Iba a Uruguay
Juan José Zanola
Asociación Bancaria
El ex jefe de la Bancaria está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que comercializaba medicamentos adulterados. Espera en libertad por el comienzo del juicio
RENUNCIA EN CÓRDOBA
Ante la denuncia penal presentada por la oposición en Córdoba, renunció Roberto Karsten, presidente de la empresa Kolector, contratista del gobierno de la provincia. El empresario quedó involucrado en un caso de corrupción, al aparecer en una grabación con cámara oculta, en la que ofrecería dinero público a un periodista para que perjudicara a dirigentes de la oposición. La empresa informó en un comunicado que la renuncia fue aceptada.
