Acusó a sectores de la Justicia, de Inteligencia y de la prensa
Por Laura Serra | LA NACION
La muerte del fiscal Alberto Nisman obedeció a un complot de índole mafiosa entre sectores de contrainteligencia, de la Justicia y de la prensa, con un blanco específico: la presidenta Cristina Kirchner. El oficialismo, en la voz del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, insistió ayer en agitar esta teoría, que incluye, además, una dura descalificación a la denuncia que formuló el fiscal contra el Gobierno.
«Hay un sector de la Inteligencia que todavía no ha sido democratizado y hay un sector del Poder Judicial que utiliza el poder de investigación, a las pruebas me remito -aseveró Domínguez en declaraciones al programa de Mauro Viale-. Nunca ha tenido un presidente de la República la cantidad de denuncias que ha tenido la presidenta Cristina Kirchner, amparadas por apoyos mediáticos del grupo corporativo Clarín, con nombre y apellido, que generó condiciones de inestabilidad con sectores de los servicios de Inteligencia, de eso no tengo la menor duda.»
El diputado oficialista también cuestionó la denuncia del fiscal Nisman, en la que acusaba a la presidenta Cristina Kirchner de encubrir a los imputados iraníes acusados de la voladura de la AMIA, hace 20 años.
«Es un verdadero disparate que no tiene sustento jurídico de ninguna naturaleza. Estamos en presencia de una denuncia que no constituye una tipología de tipo penal. Es, en nuestro entender, una clara operación política», dijo Domínguez. Y luego insistió: «La denuncia fue hecha por los servicios de Inteligencia, un abogado con formación jurídica tipifica una denuncia que constituye acusación, no una denuncia que no constituye ningún tipo de acusación».
Domínguez, fiel al libreto kirchnerista, sostuvo que la muerte del fiscal Nisman fue consecuencia de la purga que inició la Presidenta dentro de la Secretaría de Inteligencia, que derivó en la salida de Antonio «Jaime» Stiusso.
«Y la propia Presidenta es víctima de este accionar mafioso», concluyó Domínguez.
PARÁLISIS DEL CONGRESO
En el oficialismo hay una honda preocupación por las derivaciones políticas y electorales que podría provocar la muerte del fiscal. La gran mayoría de los dirigentes optó por un silencio cauteloso y nadie atina a dar ningún paso sin previa autorización de la Presidenta.
En este clima de confusión, la tropa de legisladores kirchneristas prefiere no hacer olas en el Congreso: evitará por ahora la convocatoria de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, que preside la oficialista Teresa García, como reclama la oposición, como tampoco accederá al pedido de la diputada Patricia Bullrich (Unión Pro), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, de citar a Sergio Berni, secretario de Seguridad.
Todo quedará supeditado a la estrategia que se trace desde la cúpula del Gobierno. En buen romance, el Congreso no se activará sin previa autorización de la Presidenta.
«La Justicia tiene que actuar y no hay que entorpecer la investigación. Ahora bien, no descartamos activar todas las herramientas que sean necesarias, como la Comisión Bicameral, para llegar a la verdad. Por ahora no está previsto, veremos cómo avanza el trabajo de los investigadores», deslizó a LA NACION una encumbrada fuente del oficialismo.
La oposición pretende aprovechar esta situación de conmoción interna dentro del oficialismo para presionarlo políticamente. Mañana se realizará una reunión de los principales jefes de bloque de la Cámara baja para diseñar una agenda de acciones parlamentarias e institucionales que apuntalen la investigación de la Justicia. Insistirán en la derogación del memorándum firmado entre el Gobierno e Irán y en la convocatoria a la Comisión Bicameral de Inteligencia, paralizada desde hace más de un año..
