El conflicto por la coparticipación

En enero de 2016 Macri firmó el decreto 194 que elevaba del 1,4% al 3,75% la participación que le corresponde a CABA por la coparticipación federal de impuestos. El texto no explicaba las razones de semejante suba, algo que planteó el Estado Nacional ante la Corte. Luego, el decreto 257/2018 bajó el porcentaje a 3,5 y recién entonces se explicó que la suma respondía al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas» en CABA.

En 2020, en el contexto de un conflicto salarial con la policía de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández redujo el porcentaje en cuestión a 2,3. Como respuesta, el gobierno de Rodríguez Larreta se presentó ante la Corte contra el decreto del gobierno nacional y la ley 27.606 que lo convalidó en diciembre de ese año. Hubo audiencias de conciliación entre el Estado Nacional y la Ciudad pero todas fracasaron. En ellas, la Ciudad nunca explicó cómo es que necesitaba 112 mil millones de pesos para una policía de 19.000 agentes, mientras que la Policía Federal recibe 70.000 millones para 32.000 policías.

Este miércoles, en un fallo firmado por todos los integrantes del alto tribunal (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), se ordenó al Gobierno Nacional pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.

Aunque no es el porcentaje que pedía Larreta, quien reclamaba 3,50%, y no tiene aplicación retroactiva, lo cierto es que con el fallo de este miércoles la Suprema Corte se entrometió en decisiones políticas y legislativas. Opinó que el reclamo de Rodríguez Larreta tiene «verosimilitud» y «peligro en la demora» y justificó su decisión haciendo un repaso de la historia de la Ciudad para cuestionar que aún no tiene autonomía financiera porque nunca se consensuó una ley de coparticipación federal.