Se conformaría en 15 días con nuevas autoridades. El oficialismo mantendrá la presidencia y el pedido de la Corte será prioridad.
La bicameral de fiscalización de servicios de inteligencia se constituirá en 15 días y su principal tema será auditar el sistema de escuchas telefónicas, como solicitó la Corte Suprema en una acordada.
Le ordenó determinar cómo se filtraron los audios de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, difundidos por el periodista Luis Majul.
La comisión renovará sus miembros y el Gobierno, atento a este reclamo, buscará sostener la presidencia que en estos años ostentó el senador radical Juan Carlos Marino. El elegido sería otro senador: el sanjuanino Roberto Basualdo, que la integró estos últimos años.
Macri le concedió el sistema de escuchas a la Corte, pero ratificó por tres años las autoridades. El máximo tribunal le pidió al Congreso investigar porqué se filtran audios de Cristina Kirchner en los medios.
La tradición dice que las bicamerales deben rotar las presidencias entre ambas Cámara pero como la de seguridad interior repite un jefe diputado (era Sergio Massa, será Guillermo Montenegro), el Senado seguiría a cargo de la de inteligencia.
El año pasado, cuando trascendieron los primeros diálogos de Cristina y Parrilli, por pedido de la entonces diputada K Teresa García se creó subcomisión para saber cómo llegaban conversaciones de Cristina a las radios y la televisión. También habían trascendido otras de Daniel Angelici.
La acordada de la Corte sorprendió a los legisladores de Cambiemos, porque el máximo tribunal tiene a cargo el sistema de escuchas desde la navidad de 2015.
Macri se transfirió por decreto y pronto Ricardo Lorenzetti creó la Dirección de Asistencia Judicial en delitos complejos y crimen organizado para recibir cualquier pedido de intervención telefónica de jueces o fiscales.
Nombró al camarista Martín Irurzun, muy cercano a Lorenzetti y Javier María Leal de Ibarra, juez de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
También designó como director ejecutivo a Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario de Ariel Lijo, otro juez federal de confianza del presidente de la Corte.
Pero el presidente no se quedó ahí: hace un año, firmó otro DNU para ratificar por tres años los mandatos de Irurzun y Leal de Ibarra, que después deberá sucederlo por el mismo período.
Con su pedido de investigación, la Corte parece haberse desentendido de ambos. Y quiere que el Congreso los audite de cerca.
