En 10 segundos:
Qué pasó: la UFECI informó que no puede profundizar el rastreo de transferencias vinculadas a $Libra
Qué cambia desde hoy: una línea sensible de la causa queda demorada por falta de licencias tecnológicas
A quién le pega: al expediente que investiga posibles delitos de estafa, cohecho y tráfico de influencias
Qué mirar ahora: si la Policía Federal logra avanzar donde el organismo especializado quedó frenado
Buenos Aires, 2 de junio de 2026. La causa $Libra entró en una zona incómoda: la Justicia tiene movimientos millonarios por reconstruir, billeteras virtuales sin dueño identificado y un organismo especializado que dice carecer de herramientas para seguir la ruta del dinero.
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió profundizar el análisis sobre transferencias vinculadas al empresario Hayden Davis, señalado como una figura central en el lanzamiento del activo digital promocionado por Javier Milei en 2025. La línea incluye operaciones por unos 4,78 millones de dólares realizadas entre fines de enero y febrero.
La respuesta de la UFECI, la unidad de ciberdelito del Ministerio Público Fiscal, abrió otro problema dentro del problema. El organismo sostuvo que por ahora no cuenta con las licencias tecnológicas necesarias para avanzar con el análisis forense de las billeteras virtuales.
El dato pesa porque la investigación ya había detectado movimientos sensibles. Una transferencia de 499.000 dólares partió desde una billetera asociada a Davis mientras el empresario ingresaba a la Casa Rosada para reunirse con Milei. Más tarde, otras operaciones por más de un millón de dólares terminaron vinculadas al jubilado argentino Orlando Mellino, según reconstrucciones incorporadas al expediente.
La UFECI ya había tenido un rol relevante en la causa. Con una versión de prueba de software especializado, logró detectar 74 billeteras que compraron $Libra por más de 13 millones de dólares en los 22 segundos previos al tuit presidencial. Esa ventana temporal es uno de los puntos más delicados del caso: allí se concentra la sospecha sobre información privilegiada antes del lanzamiento público.
La explicación técnica, sin embargo, quedó bajo discusión. Especialistas en criptoactivos sostienen que las plataformas pagas aceleran el trabajo, cruzan datos y permiten visualizar patrones con mayor precisión, pero no bloquean por completo una investigación. Existen herramientas abiertas que permiten seguir movimientos en blockchain, aunque demandan más tiempo, más conocimiento y una tarea manual más pesada.
Ese contraste deja a la causa en una situación difícil de justificar políticamente. Si el expediente investiga presuntas maniobras de estafa, cohecho y tráfico de influencias alrededor de una criptomoneda promocionada por el Presidente, la imposibilidad de rastrear billeteras por una licencia vencida transforma un problema técnico en un problema institucional.
Taiano redirigió el pedido al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que sí cuenta con capacidades para análisis de criptoactivos. La causa, entonces, no queda cerrada, pero sí expone una fragilidad: el Estado puede tener indicios, nombres, fechas y montos, y aun así tropezar en la infraestructura mínima para seguir el dinero.
En $Libra, la pregunta central sigue siendo la misma desde el inicio: quién ganó, quién sabía y quién movió fondos antes de que el público entrara. Cada demora técnica agranda el margen de opacidad sobre una causa que ya dejó de ser un expediente cripto para convertirse en una prueba de capacidad judicial frente al dinero digital.
