Dijo que hay pruebas suficientes que comprometen al jefe del Ejército en un caso de represión ilegal; la medida alcanza a ex policías; definirá la Cámara
CÓRDOBA.- El fiscal general de la Cámara Federal de Córdoba, Alberto Lozada, consideró que «existen elementos suficientes» para llamar a indagatoria al jefe del Ejército, general César Milani, por el secuestro y tortura en 1977, durante la dictadura, de Ramón Olivera y su padre, quien quedó hemipléjico a raíz de los tormentos recibidos en una cárcel de La Rioja.
El requerimiento de citación alcanza también a ex policías y militares (todos retirados) y al ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán.
En diálogo con La Nación, Lozada explicó que su pedido se basa en «pruebas incorporadas recientemente» a las que ya había remitido a fines del año pasado la fiscal subrogante de La Rioja, Marta Elena Kunath, en el marco de la denuncia de Ramón Olivera (h.), ya que los delitos se habrían cometido en esa provincia. La causa llegó de La Rioja a Córdoba debido a un recurso «por falta de acción» que interpusieron los abogados de Oliveri, luego de que el fiscal federal riojano Horacio Salman aceptara los argumentos de la defensa de Milani y el juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena declarara nula la investigación.
El caso forma parte de la megacausa Menéndez, en la que se investigan delitos de lesa humanidad y en la que el principal acusado es el ex general Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.
La causa Olivera data de 1977, cuando Ramón Olivera padre fue secuestrado en su casa riojana por ocho personas, entre las que habría estado Milani. Fue trasladado a una cárcel de La Rioja, donde fue torturado y, tres días después, fue «tirado» en la puerta de su vivienda, de donde se llevaron a su hijo Ramón Alfredo.
Lozada indicó que -según las pruebas reunidas- Milani acompañó a Olivera al juzgado federal, donde recibió amenazas y advertencias, y luego a la prisión, donde fue torturado.
«Las menciones a su participación datan de 1984 ante la Conadep. O sea que no son recientes ni nuevas», dijo el fiscal.
TESTIMONIOS
Entre las pruebas -que Lozada califica de «útiles, pertinentes y válidas»- se cuentan, por ejemplo, los testimonios de otros integrantes de la familia que presenciaron el secuestro. Por las torturas que recibió Olivera padre quedó hemipléjico. Murió tiempo después sin haberse recuperado. El hijo fue enviado a una cárcel de La Plata, donde su detención fue blanqueada.
«Milani me dijo: «A vos te cortamos la carrera», aludiendo a que me habían cortado la carrera de guerrillero», denunció Olivera en su declaración ante la justicia riojana. Los militares lo acusaban de integrar el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
En varias oportunidades Milani se proclamó «inocente» y denunció la existencia de «testigos falsos» y «cosas muy jodidas» en la causa.
En diálogo con la nacion, el fiscal Lozada precisó que, además de las denuncias contra Milani en las causas Olivera y en la de la desaparición del conscripto Alberto Ledo en Tucumán, hay otra que involucra al jefe del Ejército y que fue radicada por Ligia Verónica Matta directamente en la Procuración General de la Nación.
La mujer, riojana, era amiga de Ledo (oriundo de la misma provincia, pero que hacía la conscripción en Tucumán) y también fue detenida y torturada en La Rioja. Terminó, años después, radicándose en Buenos Aires, donde hizo la denuncia en julio de 2014.
La Cámara Federal de Córdoba, integrada por Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Liliana Navarro, no tiene tiempos establecidos para expedirse, aunque Lozada estima que lo hará «en los próximos días».
El fiscal señaló que están dadas las condiciones para avanzar en la causa, aunque no hay pedido de audiencia oral por las partes.
Los camaristas deberán resolver entre el pedido de Lozada y el de la defensora oficial de Milani, Natalia Bazán, quien directamente reclamó el sobreseimiento del militar.
«Claramente, en este caso hay un conflicto de intereses», resumió el fiscal Lozada.
Por video, en contacto con la Presidenta
Aunque a la distancia y por videoconferencia, la presidenta Cristina Kirchner compartió ayer un acto con el jefe del Ejército, César Milani, investigado por su responsabilidad durante la dictadura, en la presentación de una inversión de 930 millones de pesos para esa fuerza. La jefa del Estado no habló con Milani, sino que lo hizo con el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Rossi y Milani, juntos, la escuchaban desde la Guarnición Boulogne, rodeados del nuevo equipamiento para el Ejército, que incluyó desde indumentaria y accesorios para combate, equipos de comunicaciones, kits sanitarios, y equipamiento biomédico para asistencia en catástrofes climáticas y puentes móviles, además de 102 Ford Ranger, 35 Hummer, 30 camiones REO, la repotenciación de 50 UNIMOC, y 6 tanques..
